COMUNICADO DE PRENSA
La presentación del informe de la 7ª sesión del Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos decepciona al centrar el debate en las normas voluntarias.
Ginebra, 22 de marzo de 2022
El 16 de marzo de 2022, en el marco del 49o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Embajador de Ecuador ante la ONU, como Presidente-Relator del Grupo de trabajo inter-gubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) sobre empresas transnacionales (ETNs) y derechos humanos, realizó la presentación del informe de la 7ª sesión del OEIGWG que tuvo lugar en Octubre de 2021. Este proceso histórico en la ONU, conocido como del Tratado Vinculante, aspira a crear normas obligatorias para las ETNs en materia de Derechos Humanos.
La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad ( Campaña Global), que representa a centenas de millones de personas afectadas por ETNs en todo el mundo, realizó diferentes intervenciones durante la sesión tras la presentación del informe.
La Campaña Global remarca que el Presidente-Relator eludió pronunciarse durante su intervención acerca de cómo seguirá la negociación y de cómo abordar los futuros desafíos de este proceso histórico. En particular, el Presidente no proporcionó ninguna información sobre la composición del “Grupo de Amigos de la Presidencia”, cuya creación se anunció durante la 7ª sesión del OEIGWG, en octubre de 2021. La creación de este nuevo organo, compuesto por representantes de algunos Estados, tendrá una influencia decisiva en los futuros pasos de la negociación y del contenido del texto del tratado. Sobre este punto en particular, manifestando fundamentalmente la necesidad de mantener la transparencia y la pluralidad en el proceso, la Campaña Global publicó una carta abierta al Presidente-Relator que puede leerse aquí.
Otro punto de preocupación para la Campaña Global fue la centralidad de las normas voluntarias en el discurso del Embajador ecuatoriano. Cabe recordar que el proceso del Tratado Vinculante se diseñó en la Resolución 26/9 con el objetivo de abordar las deficiencias y la ineficacia de los marcos voluntarios mediante el desarrollo de un marco internacional jurídicamente vinculante sobre las ETNs y los derechos humanos. El OEIGWG creado por la Resolución 26/9 no es ciertamente el lugar para debatir y promover normas voluntarias. En opinión de la Campaña Global, este giro en el objeto de debate refleja el deseo de dar importancia y relevancia a las normas voluntarias, siguiendo la estrategia de algunos Estados detractores del proceso, cuyo objetivo es socavar el debate sobre las normas vinculantes. Estas maniobras van en detrimento del mandato de la Resolución 26/9 y, en consecuencia, del carácter democrático del proceso.
La Campaña Global ha trabajado durante los últimos ocho años para que el futuro Tratado Vinculante tenga en cuenta la perspectiva de las comunidades afectadas, los movimientos sociales, organizaciones sindicales y las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, se opuso a todo intento constante de los intereses económicos de las ETNs, con el apoyo de algunos Estados poderosos, de socavar el proceso y limitar la participación de la sociedad civil.
Desde la Campaña Global rechazamos vehemente la decisión del Consejo de Derechos Humanos de limitar, aún más, la palabra de la sociedad civil en los debates generales. Frente a esta limitación es necesario recordar el gran reto que significa para los movimientos participar en estos espacios, tanto por altos costos que implica la participación presencial en las sesiones como por la falta de interpretación en las consultas informales y, también, por las diferencias en las zonas horarias.
Recordando que el objetivo del Tratado Vinculante es colmar las lagunas del derecho internacional y regular en este marco el comportamiento de las ETN, la compañera Erika Mendes por Justiça Ambiental/Amigos de la Tierra Mozambiquel enfatizó que:
“Necesitamos un ámbito de aplicación claro sobre las ETNs con una mención explícita de sus cadenas de valor globales, para garantizar que todas las filiales, subcontratistas y proveedores estén cubiertos por el futuro instrumento. Las complejas y opacas estructuras de las ETNs son uno de los pilares de su impunidad, y se aprovechan del hecho de que las diferentes entidades legales que forman parte de sus cadenas están registradas en diferentes países, con niveles muy desiguales de protección legal de los derechos humanos y del medio ambiente.”
Manoela Roland, del Centro de Direitos Humanos e Empresas (HOMA-Universidade de Juiz Fora), en nombre de ABIA, destacó la importancia de “reafirmar la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre cualquier otro instrumento jurídico internacional y, en particular, sobre los acuerdos de comercio e inversión“, así como “establecer obligaciones directas para las ETNs, que podrían crearse fácilmente transformando algunas disposiciones existentes sobre prevención, por ejemplo, del artículo 6 (Prevención); las obligaciones de las ETNs son diferentes y separadas de las obligaciones de los Estados, y la necesidad de incluirlas fue destacada en cada sesión de negociación por algunos Estados y muchos juristas“.
Durante el debate, Lilián Galán, miembro del Parlamento de Uruguay y perteneciente a la Red Interparlamentaria Global (GIN), que aglutina más de 300 representantes parlamentarios de todo el mundo, hablando en nombre de Transnational Institute, subrayó:
“La séptima sesión del Grupo de Trabajo creado por la Resolución 26/9 (OEIGWG), en octubre 2021, reafirmó, que el proceso de elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos sigue su curso. Como parlamentaria del Sur Global y miembro del GIN, estoy consciente de los continuos y persistentes esfuerzos de algunos Estados (principalmente del Norte global) y de organizaciones que representan los intereses corporativos, en diluir el alcance del Tratado Vinculante. Es urgente que el cuarto borrador del tratado que se está preparando, sea sólido, y que responda a las demandas de las comunidades y sectores afectados.”
Mary Ann Bayang, de Indigenous People’s Rights International, habló sobre las expectativas de las comunidades afectadas en relación con el futuro tratado vinculante:
“Ante la debilidad o ausencia de un marco jurídico nacional que proteja nuestros derechos, esperamos que este instrumento internacional jurídicamente vinculante nos permita demandar a las ETN en los países en los que se encuentran sus principales oficinas, por las acciones cometidas en toda su cadena de valor; que establezca un tribunal internacional centrado en las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en el contexto de las operaciones empresariales; y que garantice que estos mecanismos de reparación sean accesibles para todos, especialmente para los sectores marginados y vulnerables de nuestras sociedades. En el Sur Global necesitamos urgentemente un instrumento jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales“.
En vista de lo anterior, la Campaña Global reafirma su compromiso de seguir activamente en ese proceso, defendiendo el mandato de la Resolución 26/9 para conseguir un Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante donde se establezcan responsabilidades directas para las ETN que consigan acabar con la impunidad, asegurar el acceso a la justicia y a la reparación, y eliminar las asimetrías de poder que existen entre las empresas transnacionales, la mayoría de los Estados y las comunidades y personas afectadas por las actividades de estos poderes corporativos.
Contacto:
Julia Fernandes, Facilitación de la Campaña Global, Movimento dos Atingidos por Barragens, facilitation@stopcorporateimpunity.org
Sol Trumbo, Grupo de comunicacion de la Campaña Global, Transnational Institute, soltrumbovila@tni.org
Raffaele Morgantini, CETIM, +41796606514, contact@cetim.ch
