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Brasil tiene primer proyecto de ley para responsabilizar empresas por violaciones de los derechos de las poblaciones afectadas

AMIGOS DE LA TIERRA

5 DE ABRIL DE 2022

 

PL 572/2022 es lanzado como un respiro en medio de tantas injusticias cometidas contra los derechos humanos de los brasileños y de las brasileñas, desde los afectados por el rompimiento de presas hasta los trabajadores en las empresas.

 

El martes pasado (29/03), parlamentares y líderes de movimientos populares presentaron, en la  Cámara de los Diputados, el Proyecto de Ley  (PL) 572/22. El proyecto, que se establece como un marco en la historia de Brasil cuando se trata de empresas y derechos humanos, fue protocolado el 14 de marzo de 2022, intitulado “Proyecto de Ley Marco Derechos Humanos y Empresas (PL 572/2022)”. Protocolado por un grupo compuesto por parlamentares y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los mandatos de Áurea Carolina (PSOL/MG), Carlos Veras (PT/PE), Fernanda Melchionna (PSOL/RS) y Helder Salomão (PT/ES), y con el texto base elaborado a partir de un estudio del Homa (Centro de Derechos Humanos y Empresas de UFJF), con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Brasil (FES-Brasil), de la CUT (Central Única de los Trabajadores), del MAB (Movimiento de los Afectados por Presas) y de Amigos de la Tierra Brasil, el proyecto fue registrado  en el Día Internacional de Lucha Contra las Presas, en un marco de defensa de las poblaciones que han tenido sus derechos constantemente desconsiderados. La colectiva de prensa sobre el PL contó con la participación del eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas de España y membro destacado de la izquierda en el Parlamento de la UE (Unión Europea), que estaba en Brasil para presentar un informe sobre las tratativas y los posibles impactos del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, entre otras agendas.

 

A pesar de la reciente protocolización, el proyecto tiene reminiscentes históricos de lucha que inspiraron su desenvolvimiento. “Necesitábamos, tanto para la renovación del acuerdo de Brasil con la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como para el desdoblamiento de la política internacional y de los movimientos, construir nuestra Ley Marco Brasileña. Sabemos cómo el Gobierno Bolsonaro quería hacer una legislación perforada y que no tuviese participación social, sin tocar el meollo de la preocupación con los casos gravísimos que ocurren en Brasil, como Brumadinho (MG) y Fraport (RS), que violan claramente los derechos humanos y laborales”, explicó la diputada federal por el PSOL/RS, Fernanda Melchionna. El PL fue un trabajo construido por muchas manos, con fuerte participación de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que luchan por los derechos humanos, laborales y del medio ambiente. “Tenemos el objetivo de abrir ese debate en la Cámara Federal, pero queremos que las empresas también tengan una responsabilidad mayor con los derechos humanos, con los trabajadores y trabajadoras de la población. Eso, mirando no solo la parte ambiental, pero también el derecho de las personas a la vida, la garantía de esos derechos”, declaró el diputado federal por PT/PE, Carlos Veras. El eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas España, acrecentó citando el discurso del presidente chileno Salvador Allende, todavía muy actual, a pesar de hecho en 1972, en las Naciones Unidas: “Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada.”, dijo.

 

 

Miguel Urbán (E), eurodiputado de Anticapitalistas (España), contribuyó con informaciones sobre las tratativas del acuerdo y sus posibles impactos. Foto: Tiago Rodrigues

 

El Proyecto de ley contiene, en su esencia, directrices guías de la Resolución nº 05 del CNDH (Consejo Nacional de los Derechos Humanos). La Constitución brasileña de 1988 ya tenía como principio básico la conferencia de dignidad humana a todes, garantizando los derechos humanos básicos de vida, trabajo y de igualdad, dando forma así a una sociedad más justa. En 2014, 26 años después, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 26/9, la que fue la responsable por la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental con participación de organizaciones sociales civiles por el desarrollo de un documento vinculante. El objetivo de ése era, y aún es, la reglamentación, en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las actividades de empresas transnacionales y otras actividades empresariales de carácter transnacional. Así como estos dos ejemplos, Brasil es signatario y participante de diversas otras políticas que supuestamente garantizarían a los brasileños sus derechos humanos y laborales respetados. Con todo, en la práctica ese respeto no es tan presente. En 2021, Brasil cerró el año con 1.937 brasileños rescatados de condiciones laborales análogas a la esclavitud, mayor número visto desde 2013. De esa manera, la importancia del PL 572/2022 se ha vuelto aún mayor. “Los medios corporativos suelen pasar la idea de que los hechos ambientales son naturales, no los llaman desastres. Pero en la realidad son crímenes, no solo ambientales, pero crímenes socioambientales y culturales, que remueven todo el espacio físico y espiritual que afecta la constitución de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales”, reiteró el asesor político y legislativo de la APIB (Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil), Paulino Montejo.

 

Con sus 30 páginas, el PL reafirma y destaca que los derechos humanos y sus normas deben estar por encima de cualquier acuerdo, como los económicos, de servicios, de comercio y de inversiones, entre otros. La iniciativa no solo es benéfica para la población en general, pero también para los pueblos nativos. Montejo explicó que el proyecto incentiva la disminución del rastro de destrucción y muerte causado por el avance desenfrenado de las empresas en medio del territorio de indígenas y quilombolas, sin considerar los pueblos nativos y el medio ambiente. Su protocolización el 14 de marzo tuvo una simbología aún mayor, pues “es el día internacional de lucha de las poblaciones afectadas por presas, que también han históricamente sufrido con las violaciones de los derechos humanos frente a las presas y a las grandes obras”, destacó la militante del MAB (Movimiento de Afectados y Afectadas por Presas), Sara Oliveira. “El proyecto nació en la comisión de trabajo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y trabaja una resolución, llamada Resolución número 5, un marco muy importante para contraponerse, incluso, a la falta de una política de gobierno para hacer el enfrentamiento de las varias violaciones en el campo de los derechos humanos, en particular en el mundo del trabajo”, subrayó el dirigente de la CUT (Central Única de los Trabajadores), Ismael César. Él también subrayó que es necesario poner la vida por encima del lucro. 

 

 

La participación de diversos parlamentares, movimientos sociales y organizaciones subrayó el carácter colectivo de la elaboración del texto base del Proyecto de Ley. Foto: Tiago Rodrigues

 

En el caso del PL 572/22, ha sido de extrema importancia la articulación entre las/os parlamentares, la academia comprometida y los movimientos y organizaciones sociales para elaboración del texto. En los próximos pasos, sea para votación, ampliación del debate en audiencias públicas o efectuación de la Ley con la construcción de políticas públicas, seguirá siendo fundamental la participación de la sociedad. “Aun con ese gobierno fascista, violador de derechos y que trabaja por las empresas, hemos logrado, con mucha presión social, avanzar la propuesta de la Ley Marco”, dijo la coordinadora de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de la Federación Amigos de la Terra Internacional y militante de Amigos de la Tierra Brasil, Letícia Paranhos. Ella argumentó que tenemos el deber de inspirar el mundo, trayendo una propuesta que se aleje del voluntarismo y del marketing, sea verde para el ambientalismo o morado para el feminismo, que no se base en check list de empresas o de propuestas de autorregulación empresarial. “Necesitamos mantener viva la articulación contra las transnacionales y avanzar en marcos normativos regulatorios porque eso nos dará más fuerzas para crecer hacia proyectos políticos emancipatorios. Para tener una izquierda fuerte en el poder, hay que construir propuestas que hagan los Estados no dependientes de las empresas. Incluso en nuestra lucha por “Fuera Bolsonaro”, hay que gritar también: ¡reglas para las empresas y derechos para los pueblos!”. Ése es un paso importante para terminar con la impunidad corporativa y, consecuentemente, para el avance del acceso a la justicia por las comunidades afectadas.

 

El PL 572 ha sido encaminado para las Comisiones de Derechos Humanos y Minorías (CDHM) y Constitución y Justicia (CCJ), no hay previsión para votación en esos colegiados. La Amigos de la Tierra Brasil y los otros movimientos involucrados seguirán difundiendo noticias sobre la tramitación del PL, mientras tanto, es posible saber más sobre el tema y la lucha para acabar con la impunidad corporativa en Brasil accediendo a la cartilla popular construida con ATBr, MAB, HOMA y TNI (Transnational Institute).

 

Para acceder al proyecto de ley propuesto en español, clic aquí.

 

Vea en el video el habla de los movimientos y parlamentares sobre el Proyecto de Ley 572/22, que crea un marco nacional sobre Derechos Humanos y Empresas.