El Informe 2017 sobre el Estado de la Sociedad Civil describió el rol central que desempeña la sociedad civil en la campaña para establecer un tratado global vinculante para que las empresas transnacionales cumplan con los estándares de derechos humanos.
CIVICUS conversa sobre este tema con Mónica Vargas Collazos, investigadora del proyecto Poder Corporativo, desarrollado en el marco del Programa de Justicia Económica del Transnational Institute (TNI), y facilitadora desde 2015 de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a su Impunidad. Fundado en 1974 como una red global de activistas-investigadores, el TNI es un instituto internacional de investigación e incidencia política que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible. Durante más de 40 años, el TNI ha actuado como un foro para la conexión entre movimientos sociales, académicos y académicas comprometidos y responsables de políticas públicas.
1. ¿Por qué es importante que haya un tratado vinculante sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos?
En primer lugar, es importante por la asimetría que existe a nivel de la legislación internacional entre los (entre comillas) “derechos” de los inversionistas y los derechos humanos. Si bien son acogidas de diversos modos por las constituciones de la mayoría de los países, las normas que conforman el sistema internacional de derechos humanos generalmente no se cumplen cuando están en juego los intereses de las grandes corporaciones. En relación con las empresas transnacionales, las normas existentes han sido hasta ahora de acatamiento voluntario. Estas cristalizaron a partir de 2011 en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No obstante, queda claro que este marco es insuficiente, ya que las empresas trasnacionales han seguido operando con enorme impunidad.
El avance del poder de las corporaciones trasnacionales, así como las violaciones de derechos humanos a él asociadas, está bien documentado. Nuestra red, la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a su Impunidad (en adelante “Campaña Global”) tuvo un antecedente, la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas”, que trabajó principalmente documentando casos de violaciones. Desde esa red, y conjuntamente con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal de opinión, y la sede del TPP, la Fundación Lelio Basso, se fue sometiendo a juicio a las empresas trasnacionales europeas por violaciones de derechos humanos y daños al medio ambiente en América Latina y el Caribe entre 2006 y 2010. Fueron alrededor de 60 casos que involucraban a unas 40 empresas. Sobre la base de toda esta evidencia el tribunal dictaminó que las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas eran sistemáticas y de carácter estructural, y que por lo tanto se necesitaba un instrumento que las obligara a cambiar de política. Este fue un paso muy importante en el trayecto de nuestra red hacia las Naciones Unidas.
En suma, la gravedad de la situación exige un tratado que quiebre la asimetría de poder e imponga obligaciones a las empresas sobre la base de la jerarquización de los derechos humanos por sobre cualquier derecho que pudieran tener las empresas.
2. Junto con esta asimetría de derechos, ¿observan ustedes tensiones entre poder corporativo y democracia?
Sin lugar a dudas. Nuestro análisis reconoce a las multinacionales como un actor de punta en el proceso de globalización capitalista, cuyo poder reposa sobre una arquitectura normativa e institucional que garantiza la impunidad. En esa arquitectura intervienen, por ejemplo, los estados nacionales que sostienen el régimen de comercio e inversiones – tratados de libre comercio, acuerdos de inversiones y toda una serie de normas que “obligan” a otros estados a respetar los intereses de las empresas.
Estos intereses han penetrado profundamente en muchas instituciones, incluso de las Naciones Unidas, donde desde hace tiempo hemos observado que están siendo representados por las posturas de algunos estados y de entidades regionales como la Unión Europea. La penetración de estos intereses en espacios institucionales tanto internacionales y regionales como nacionales y locales ha resultado en una privatización de la democracia, un proceso sumamente preocupante en todo el mundo.
3. ¿Cuál es el trabajo que hace la Campaña Global? ¿Cómo está organizada, y dónde y cómo busca ejercer influencia?
La Campaña Global es una ampliación al nivel global de la red birregional de los inicios. Ahora también estamos presentes en África, Asia y América del Norte. Activa desde 2012, la Campaña Global es una red de más de 200 movimientos, organizaciones sociales y sindicatos unidos por su oposición a los tratados de libre comercio tal como se vienen planteando y por la idea de que es necesario rebasar la narrativa de los códigos voluntarios para las empresas. Tenemos alternativas, que hemos volcado en un documento madre llamado Tratado Internacional de los Pueblos. Toda la primera parte de este documento delinea una alternativa jurídica a nivel internacional, que es un poco el antecesor del tratado vinculante que estamos proponiendo. La segunda parte expone las alternativas que en el día a día han ido construido los movimientos en respuesta a la arquitectura de la impunidad, y que incluyen estrategias de soberanía alimentaria, soberanía energética y auditorías de deuda, entre otras.
La Campaña Global opera bajo ese enorme paraguas que es el Tratado de los Pueblos. Nos reunimos con frecuencia en forma virtual, y hacemos mucho trabajo a nivel regional, con dinámicas adaptadas a las características de cada región. Y luego confluimos en diversos espacios; por ejemplo, en Ginebra tenemos un evento anual que es la Semana de Movilización de los Pueblos y que coincide con la sesión por el Tratado Vinculante en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un rasgo que nos caracteriza, en comparación con otras redes que promueven el Tratado Vinculante, es que nos reivindicamos como movimiento – por supuesto que en nuestra red hay organizaciones sociales y ONG, pero ante todo conservamos la dinámica de un movimiento de comunidades afectadas por las trasnacionales.
4. ¿Cómo llegó la Campaña Global a las Naciones Unidas, y qué actividad desarrolla en el Consejo de Derechos Humanos?
En 2013 Ecuador lideró una declaración con la que se dio inicio al proceso hacia el Tratado Vinculante. Para ese momento, la Campaña Global ya se había desplazado a Ginebra para expresar esa demanda, de modo que esta declaración confluyó con lo que nosotros ya estábamos trabajando y abrió para nosotros una ventana de oportunidad. La nuestra no es una red muy acostumbrada a transitar los pasillos de las Naciones Unidas, de modo que fue un aprendizaje muy interesante. Lo que hicimos desde entonces fue entrar en diálogo con los gobiernos y mantenernos presentes tanto dentro como afuera de las Naciones Unidas, ya que simbólicamente queríamos dejar en claro que veníamos de las calles. Plantamos una carpa frente a la sede de las Naciones Unidas, donde realizamos nuestras actividades, al mismo tiempo que trabajamos dentro del recinto. Lo hemos venido haciendo desde 2014, cuando se votó la resolución histórica, impulsada por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, que abrió paso al Tratado Vinculante.
En el diálogo sobre el Tratado Vinculante los países tienen sus propias negociaciones y tensiones. En la diplomacia internacional no se dialoga en forma estanca, sino que los países negocian simultáneamente en distintos ámbitos, de modo tal que puede que cedan en un foro – por ejemplo, en lo que respecta al Tratado Vinculante – si su contraparte les cede alguna otra cosa en, digamos, la Conferencia sobre el Cambio Climático o la Organización Mundial de Comercio. Es un sistema de vasos comunicantes muy complejo y a menudo bastante poco transparente. Desde la sociedad civil hemos intentado lidiar con eso, y nuestra estrategia ha consistido en traer a la negociación a las comunidades afectadas, para que intervengan directamente en las sesiones plenarias y se reúnan con los gobiernos.
5. ¿En qué se diferencia la iniciativa en curso de otros intentos anteriores de sujetar a las empresas trasnacionales a estándares de derechos humanos? ¿Tiene la actual campaña mayores perspectivas de éxito?
Efectivamente hubo intentos anteriores de avanzar hacia normas vinculantes para las corporaciones trasnacionales. Hubo algunos intentos de esta clase en los años ’70 – por ejemplo en 1972, cuando el presidente chileno Salvador Allende denunció a las trasnacionales en las Naciones Unidas. También hubo intentos en los ’90. Y en 2003 se produjo el antecedente más reciente, con la redacción de un documento sobre las normas y responsabilidades de las trasnacionales que contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, el órgano antecesor del actual Consejo de Derechos Humanos, pero que fue descartado por efecto de una presión muy fuerte de actores del sector empresarial tales como la Organización Internacional de Empleadores y la Cámara de Comercio Internacional.
La diferencia cualitativa entre la experiencia actual y las anteriores es enorme. A diferencia de las tentativas fugaces y truncas del pasado, el proceso actual se ha sostenido durante tres años. Y eso ha ocurrido porque por primera vez se han abierto las ventanas de las Naciones Unidas y ha entrado la gente. Han ingresado las comunidades afectadas y gracias a ello se logró la inclusión de temas que los gobiernos inicialmente no pensaban incluir, como el régimen de comercio e inversiones y las instituciones financieras internacionales. El proceso fue apuntalado con mucha comunicación y publicidad: hemos hecho una campaña pública de comunicación, hemos socializado información, hemos movilizado parlamentos. Esto impidió que esta vez los actores que se resisten lograran frenar el proceso. Quienes estaban en esto en el 2003, por ejemplo los compañeros del CETIM, que tiene sede en Ginebra y que está muy adentro de las Naciones Unidas, con estatus de organización observadora inclusive, nos cuentan que fracasaron porque estaban bastante aislados. Había muy pocas organizaciones y nadie en el mundo sabía lo que estaba ocurriendo.
En suma, la diferencia la está haciendo la sociedad civil metida en el sistema de las Naciones Unidas. Y el hecho de que esta no es cualquier sociedad civil, sino una sociedad civil contestataria y de base. Esto es importante, porque en general en los espacios multilaterales, así como en las iniciativas multipartes como es el caso del Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos, tiende a tolerarse básicamente a los actores sociales menos cuestionadores. Este no es el caso de la Campaña Global: nosotros llevamos al abogado de las 30 mil víctimas de Chevron-Texaco en Ecuador, un hombre de origen indígena, ganador del Premio Goldman, que sabe perfectamente de qué está hablando cuando se refiere a la impunidad de las trasnacionales. O llevamos a una pescadora que lo ha perdido todo por el colapso de una represa en Brasil. Ante este tipo de testimonios, a las empresas no les resulta tan fácil descalificar y cuestionar la veracidad de las alegaciones. En cambio, si aceptamos un debate puramente técnico, sobre derechos abstractos y normas jurídicas, nos adentramos en un terreno en el cual no nos es tan fácil defendernos.
En otras palabras, a nosotros nos distingue y nos legitima la convicción de que el derecho tiene que hacerse desde abajo. Estamos haciendo derecho, y no podemos flaquear, porque no siempre tendremos ante nosotros una oportunidad como esta. Si hoy tenemos alguna posibilidad lograrlo, es gracias a la presencia de una sociedad civil combativa y organizada en el territorio en alianza con organizaciones que, como CETIM, tienen muchísima experiencia en el sistema de Naciones Unidas.
Para completar el panorama, se ha creado también una red parlamentaria global a favor del Tratado Vinculante y hay una resolución en apoyo del proceso que hasta ahora ha sido firmada por unos 200 parlamentarios de todo el mundo. Varios parlamentos – como los de Brasil, El Salvador y Uruguay, además del Parlamento Europeo – han hecho sesiones sobre el tema. Y finalmente hay otra red amplia, la Alianza para el Tratado, que nosotros contribuimos a formar y que reúne a ONG de derechos humanos a nivel mundial. Esta red no tiene una unicidad de análisis sin que se caracteriza más bien por el debate interno, pero está unida en torno del apoyo al Tratado Vinculante.
6. A tres años de su inicio, ¿cuándo crees que concluirá el proceso, y con qué resultados?
En 2017 hemos llegado a la tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el tratado vinculante con nuestra propuesta de tratado. Una propuesta completamente nuestra, desde el preámbulo hasta los anexos, confeccionada a partir de las demandas de los movimientos sociales y sindicatos y revisada por expertos y expertas.
A partir de aquí se abren varios escenarios posibles. El mejor escenario es que esta propuesta de tratado sea aceptada y ratificada por todos los estados, que el nuevo tratado sea un instrumento con capacidad real de imponer sanciones a las empresas, y que sea realmente implementado. Sin un elemento sancionatorio, no podríamos hablar realmente de un tratado vinculante. El tratado debería contemplar un mecanismo para recibir y tramitar casos de violaciones una vez agotadas las instancias jurídicas nacionales y regionales.
Entonces, lo ideal sería que en la cuarta sesión del Grupo de Trabajo, que sería en octubre de 2018, se disponga de un texto sobre el cual negociar. El gobierno de Ecuador llegará a esta sesión con un borrador cero – ya presentó unos lineamientos en esta sesión, que están siendo revisados – y la expectativa de máxima para nosotros es que integre la mayor cantidad posible de nuestras propuestas.
En el otro extremo, el peor escenario es que quienes lideran la oposición al tratado logren dilatar el proceso encontrando resquicios para cuestionar la validez de la resolución de 2014, y lograr que pierda fuerza y acabe diluyéndose. Es importante subrayar que contra el tratado se han abroquelado Australia, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Del otro lado, el equipo de trabajo intergubernamental es presidido por Ecuador, que ha puesto muchas energías para que el proceso continúe, y que de hecho fue, junto con Sudáfrica, el impulsor de la iniciativa.
Si uno mira el mapa de los países que en 2014 aceptaron la resolución y cuáles se opusieron a ella, es claramente una oposición Norte-Sur. Los 20 votos a favor abarcaron a la mitad de la población mundial, ya que en un acto extraordinario tanto China y Rusia como India apoyaron el tratado. Hubo 14 votos en contra, todos de países del Norte, y 13 abstenciones, mayormente de países – incluidos Argentina y Brasil – que votaron a sabiendas de que la abstención permitiría que el proceso avanzara. Desde entonces hasta hoy, la situación del mundo ha cambiado para peor. Cambiaron los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. En la última sesión algunos países de peso, como Rusia, expresaron mayores reticencias que en el pasado. Y los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos no son particularmente afines a la iniciativa, de modo que el contexto es un poco más gris.
Entre los dos escenarios extremos tenemos el escenario más probable: que de aquí surja un tratado sin dientes, con escasa capacidad de morder, pero que al menos reconozca principios fundamentales como que las transnacionales tienen que respetar los derechos humanos en toda su cadena productiva o que los estados tienen la obligación de exigir esto de las empresas. El reconocimiento de estos principios sería una base para seguir avanzando.
7. ¿Qué se necesita en materia de conexiones, construcción de coaliciones e involucramiento de otros actores para evitar que el proceso se detenga, se alargue inútilmente o se diluya?
Afortunadamente, lo que se requiere es precisamente lo que está ocurriendo. En América Latina hubo hace unos años un momento de quiebre en el sistema de creencias en torno del neoliberalismo, un momento en el que definitivamente dejamos de creer y ya no era posible seguir afirmando que funcionaba. Hoy estamos llegando a un momento similar, en el sentido de que se ha extendido la convicción de que no podemos permitirnos quedar limitados a normas voluntarias para sujetar a actores que tienen semejante poder sobre la vida cotidiana de todos nosotros. Este quiebre está ocurriendo. Si logramos mantener la atención y que la gente ponga en cuestión cada vez más la idea de normas voluntarias y reclame en cambio normas vinculantes, seguiremos avanzando.
Por suerte para la Campaña Global, la lucha contra la impunidad de las trasnacionales no se limita a las Naciones Unidas ni al ámbito de la negociación del Tratado Vinculante. Este es un espacio de negociación muy importante, y en él hemos avanzado y seguramente seguiremos avanzando. Pero al mismo tiempo lo hemos aprovechado para avanzar en materia de organización y movilización. Así, por ejemplo, el programa que se desarrolló en la carpa plantada frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra durante la semana de la sesión del Grupo de Trabajo incluyó nueve talleres organizados por diversos actores de peso – sindicatos, organizaciones de migrantes o campesinos – para trabajar la cadena productiva completa o los derechos de poblaciones vulnerables. Incluyó, además, numerosas conferencias paralelas organizadas por CETIM y otras organizaciones, con testimonios de comunidades afectadas, presentaciones de la propuesta popular del tratado y diálogos entre Relatores Especiales y víctimas.
De modo que nuestra coalición es un tejido vivo, y esta es nuestra gran fuerza. No solo tenemos un Plan B; tenemos también planes C, D y hasta la Z. La gente ya tiene la experiencia de enfrentar en el terreno, en sus territorios, a las corporaciones trasnacionales y a los estados que son sus cómplices, y ha ido construyendo alternativas. Este consenso que hemos construido no es tan fácilmente reversible.
Para mayor información sobre el tema, véase el número especial de América Latina en Movimiento (TNI) de diciembre de 2016 sobre Transnacionales y Derechos Humanos.
