En 1972, Salvador Allende se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronunció una dura crítica contra el poder de las grandes empresas transnacionales (ETNs). Advirtió sobre un mundo en el que estas entidades eclipsaban a los gobiernos soberanos, el imperialismo económico sustituía al gobierno democrático y el destino de las naciones dependía de los balances financieros de accionistas lejanos. Su discurso, pronunciado poco antes de su derrocamiento en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, fue una declaración profética de resistencia a la creciente ola de neoliberalismo y hegemonía corporativa global.
Hoy, más de cincuenta años después, otra voz resuena en los pasillos de la ONU. La Relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha publicado un informe histórico que traza la trayectoria desde una «economía de ocupación» a una «economía de genocidio». En esta audaz evaluación, Albanese señala el afianzamiento de los intereses económicos, tanto estatales como corporativos, que permiten las prácticas ilegales del régimen israelí, incluyendo su vasto complejo militar-industrial y sus redes económicas extractivas. Sin embargo, el enfoque de la Relatora, limitado a los territorios ocupados, solo puede insinuar las fuerzas históricas y sistémicas más amplias que están en juego. Es precisamente la falta de regulación de la actividad transnacional de las empresas en virtud del derecho internacional lo que ha afianzado una estructura global de incentivos para la impunidad. Desde los fabricantes de armas que suministran bombas hasta los proveedores de combustible para aviones que permiten los ataques aéreos, las ETNs siguen beneficiándose y perpetuando el despojo violento y la dominación estructural en Gaza.
La situación en los territorios palestinos ocupados revela no solo una catástrofe humanitaria, sino un desorden sistémico global arraigado en la impunidad, el despojo racializado y la especulación corporativa. La violencia que se desarrolla en Gaza, Cisjordania y toda la Palestina histórica no es solo política y militar, sino también económica y sistémica.
En el centro de este sistema se encuentra una economía global que recompensa los conflictos. La ocupación no se sostiene en el vacío; las empresas que suministran armas, tecnologías de vigilancia e infraestructura crítica sirven para respaldarla. La arquitectura del apartheid y el desplazamiento opera junto con los motores de la industria, desde la extracción y reventa de recursos naturales hasta la prestación de servicios logísticos y tecnológicos. Donde otros ven devastación, las empresas ven oportunidades. Donde los civiles ven caer bombas, las salas de juntas ven crecer los mercados.
Esta dinámica no es exclusiva de Palestina. Refleja una larga y violenta historia de sistemas económicos construidos sobre la dominación colonial y el capitalismo racista. La persistencia de los modelos coloniales de asentamiento en la era moderna, revestidos del lenguaje de la «seguridad» y el «desarrollo», o manifestados abiertamente en el genocidio al que se enfrenta hoy el pueblo palestino, revela el poder perdurable del capital para remodelar geografías y extinguir los derechos de las personas. El imperialismo no funciona solo a través de la conquista brutal, sino también a través de lagunas legales, acuerdos comerciales opacos y vacíos normativos que protegen a las ETNs de la rendición de cuentas, incluso cuando permiten y se benefician de los crímenes de guerra y la opresión sistémica.
El derecho internacional, en su configuración actual, no está preparado para responder. Los marcos que existen para regular la conducta de las ETNs siguen siendo autorregulatorios, voluntarios y plagados de excepciones, especialmente en los sectores de la defensa y la extracción. Si bien algunos desafíos legales nacionales han ofrecido soluciones parciales, la vasta maquinaria de complicidad económica permanece intacta, sin control y peligrosamente normalizada, con investigaciones lentas, sanciones poco frecuentes y una flagrante falta de voluntad política.
Sin embargo, en medio de estas sombrías realidades, se alzan voces. El coraje de quienes se enfrentan al poder, ya sea en los pasillos de las Naciones Unidas, en los movimientos de base o en las comunidades asediadas, exige reconocimiento y solidaridad. Nos recuerdan que la resistencia a la impunidad debe ser tanto de principios como global, vinculando las luchas más allá de las fronteras.
A día de hoy, el paso más concreto para abordar la impunidad corporativa en el ámbito jurídico internacional reside en la elaboración de un Tratado eficaz y jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales en el derecho internacional, cuyas negociaciones comenzaron tras la adopción de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014. En este proceso es imprescindible un compromiso firme por parte de los Estados y los actores de la sociedad civil que abogan por cambios estructurales significativos en el orden económico mundial y la arquitectura de la impunidad. La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad está firmemente comprometida con el desarrollo de este instrumento jurídico vinculante. Este instrumento busca establecer las bases para que las empresas transnacionales rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos, garantizando así el acceso a la reparación y a una justicia integral para las comunidades afectadas.
La soberanía de los pueblos, la dignidad y la justicia no pueden coexistir con la impunidad corporativa. El reto al que nos enfrentamos no es solo documentar las violaciones, sino también interrumpir los sistemas que las hacen rentables. Para ello, debemos recuperar el lenguaje del derecho, las herramientas de la economía y los principios de la solidaridad internacional, no como abstracciones, sino como armas en la lucha por la liberación.
La historia nos ha mostrado lo que sucede cuando no actuamos. La pregunta ahora es si finalmente escucharemos.
