Posición de la “Campaña Global para Revindicar la Sobernia de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo, y poner fin a la Impunidad” en relación a la decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario, Canadá, contra UDAPT y que la obliga a pagar U$ 270 mil a los abogados de Chevron.
El caso Chevron vs los Pueblos de la amazonia ecuatoriana afectados por las operaciones de esta empresa hace más de dos décadas y hoy reunidos en la UDAPT (Unión de Afectados Por Texaco –ahora Chevron), es un claro ejemplo de por qué luchamos por un tratado internacional vinculante en materia de derechos humanos y transnacionales.
- Asimetría y acceso a la justicia
Es un caso extremo de la asimetría entre las empresas cuya operación resulta en violaciones de derechos humanos y los pueblos y personas víctimas de tales violaciones. Una empresa extractivista que hasta ahora ha invertido más de U$2.000 millones de dólares, y ha contratado más de 2000 abogados, para crear un escudo de protección y así evadir su responsabilidad, y un pueblo indígena cuya economía es de subsistencia en la amazonia y que tiene que recorrer el mundo para buscar acceso a la justicia para los 30.000 pobladores afectados.
Un Tratado Internacional debe atender esta asimetría de poder y de recursos a) promoviendo, por ejemplo, la exención total o parcial de los costos para casos de interés público y contemplando medidas de asistencia legal que garanticen que el alto costo de los procesos no sea un obstáculo para la obtención de sentencias justas para los afectados. La Campaña plantea opciones como un Centro Internacional para asistir a estas comunidades, y hasta la creación de un Fondo específico que contribuya con independencia de acción de los afectados.
- Responsabilidad solidaria
La principal forma en que la empresa ha huido de la ley es, según lo expresan las decisiones judiciales (Estados Unidos, Brasil, Argentina y recientemente Candá), alegar que las diversas “Chevron” establecidas en distintos países son empresas independientes y que por ende no tienen responsabilidad las unas en relación a las otras. Así, violaciones causadas por Chevron en Ecuador, no pueden ser atribuidas a la Chevron central, en los Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo.
Un Tratado Internacional como el que defendemos debe incluir el principio de la responsabilidad “solidaria” que implica que, a pesar de la autonomía jurídica de las filiales en cada país, las mismas al obedecer a estrategias y mandos comunes, comparten también la responsabilidad sobre sus operaciones. Este principio se aplica también a sus proveedores y, dentro de la empresa, a los distintos niveles de dirección. Así, la Justicia Argentina, por ejemplo, podría fácilmente atribuir responsabilidades a la Chevron Argentina por las violaciones producto de la operación de Chevron en cualquier otro país.
- Fueros y Extraterritorialidad
Al no existir mecanismos claros y eficientes de cooperación judicial entre diversos Estados – que detentan una soberanía jurídica extrema en una economía cada vez más globalmente interdependiente y un planeta cuyo ambiente no está dividido en jurisdicciones… -, ni mecanismos de extraterritorialidad que faciliten a la justicia de un país juzgar acciones de empresas o personas que sus nacionales realizaron en otro país, ni, finalmente, menos aún una “jurisdicción universal” que desde cualquier lugar pueda juzgar delitos en cualquier parte del mundo; las empresas transnacionales van burlando a las justicias nacionales para permanecer impunes, el caso de Chevron, pretende desconocer la decisión de la última instancia de la Justicia Ecuatoriana, su Corte suprema que la condenó en 2013 a pagar U$9.500 millones para reparar el daño ambiental, social y cultural, causado contra la Naturaleza y los pueblos amazónicos afectados, es un claro ejemplo de esta situación.
Un Tratado Internacional debe contemplar estos mecanismos de cooperación entre jurisdicciones (por ejemplo, la creación de una Corte Internacional específica) y explorar el principio de la extraterritorialidad como forma de evitar que las empresas transnacionales escapen a la justicia, permaneciendo impune y evitando a los afectados y víctimas el acceso a la justicia y reparación.
Canadá, mayo de 2018: después de la esperanza, la justicia ha sido una vez más pospuesta.
En 2015, los siete jueces de la Corte Suprema de Canadá decidieron de forma unánime aceptar la jurisdicción para llevar el “proceso de ejecución” en Canadá, acatando la legitimidad de la decisión de la Corte Suprema del Ecuador sobre Chevron. Esto le dio muchas esperanzas a las comunidades indígenas de UDAPT de que la justicia podría ser alcanzada. Sin embargo, el 23 de mayo de 2018, la Corte de Apelación de Ontario, amparada en que Chevron de Canadá es una empresa autónoma e independiente de Chevron Matriz y que, por lo tanto, no tiene ninguna obligación con la justicia ecuatoriana, rechazó la demanda de los afectados de Ecuador. Esto representa un golpe más al pueblo indígena ecuatoriano que, según esta decisión, deberá recaudar en 40 días, lo equivalente a U$270.000 en honorarios a los abogados de la empresa y al sistema judicial canadiense para proseguir el proceso para alcanzar reparación en las cortes canadienses. No sólo no tienen justicia, sino que además son penalizados de forma exorbitante por esta decisión en favor de Chevron.
Denunciamos la consolidación de esta situación de injusticia e impunidad ante la ONU a través de su Consejo de Derechos Humanos y la opinión pública internacional, exhortamos a los Estados a avanzar consistentemente en la negociación de un Tratado Internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y llamamos a la solidaridad internacional con las comunidades amazónicas afectadas por Chevron.
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Gracias por apoyar la Campaña urgente que UDAPT ha lanzado (más información aquí)
