Esta semana se ha celebrado en Ginebra la primera ronda de negociación sobre un borrador para un tratado vinculante que proteja los derechos humanos frente a la acción de las empresas y que según Podemos, la UE obstaculiza.
Varios operarios izan las banderas de la Unión Europea. EFE/Stephanie Lecocq
Un centenar de delegaciones de países de todo el mundo se han reunido en Ginebra para negociar por primera vez un borrador de un tratado vinculante para la defensa de los derechos humanos frente a la acción de las empresas. A pesar de que el Parlamento Europeo llamó a la Comisión a defender el acuerdo, la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez denuncia obstrucciones a la negociación desde Bruselas.
Según Sánchez, pese a que la Comisión no cuenta con el mandato legal de los estados miembros para negociar, los 28 apenas han tomado parte en las discusiones dejando en manos de Bruselas la negociación, con la excepción de Francia.
El pasado 4 de octubre el Parlamento Europeo aprobó una resolución precisamente con la intención de incrementar la presión sobre Bruselas. Sin embargo, denuncia Sánchez, la voz de la Eurocámara sigue sin encontrar eco en el discurso de la Comisión.
La presión de la Eurocámara
Aunque la Unión Europea participa activamente en el proceso, no está legalmente facultada para intervenir en la negociación, ya que no cuenta con el mandato de los Estados miembros. Así y todo, el Parlamento Europeo exigió un papel más activo y una posición más clara de Bruselas al respecto. Además pidió a la Comisión que presionara sobre los 28 para que respaldaran el tratado sin fisuras.
“El establecimiento de un instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos marcaría el fin de la impunidad corporativa,” subrayó la eurodiputada holandesa Anne-Marie Mineur. “Debemos definir de una vez las obligaciones de los inversionistas en lugar de negociar siempre sobre la protección de sus ganancias,” sentenció el diputado del Die Linke alemán Helmut Scholz.
En la resolución aprobada hace unas semanas, la Eurocámara reiteró su petición a la Unión y a sus Estados miembros a participar “de buena fe y constructivamente” en las negociaciones y destacaba “la vital importancia” de la contribución de la Unión a la consecución de un tratado vinculante “para afrontar de manera efectiva la cuestión de la responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos humanos y otros problemas afines.”
Sin embargo, durante su intervención en la reunión, la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez denunció que aunque “muchos Estados son conscientes de las asimetrías generadas por la globalización” y de la urgencia de “crear un sistema legal y efectivo centrado en las obligaciones de las empresas”; otros, sin embargo, “siguen actuando para proteger los intereses privados”.
Sánchez, que denuncia que la Comisión Europea representa los intereses de los Estados miembros de la UE aún sin mandato de negociación, critica la posición de la misma en la negociación. “Supone una disfunción democrática que la voz del Parlamento no se vea reflejada en la posición mantenida hasta el momento por la Delegación europea”, afirmó la eurodiputada de Podemos.
Pero no solo los eurodiputados sino también la sociedad civil han criticado el supuesto inmovilismo de la UE durante la negociación. “La UE no participó de manera sustancial en el proceso, ignorando descaradamente una resolución adoptada recientemente por el Parlamento Europeo en apoyo del tratado vinculante,” alegó Ike Teuling, miembro de la organización ‘Friends of the Earth’.
Según Teuling, Francia fue el único miembro de la UE que tomó la palabra. El resto de países, aseguró la activista, “se mantuvieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso abandonaron la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo”. Conclusiones de las que la UE se habría disociado.
En conversaciones previas a la celebración de la reunión, la Comisión Europea sostenía que la Unión Europea “participa activamente en los esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos relacionados con las actividades de las entidades comerciales”, alegaron fuentes de la Comisión. “Queremos que se apliquen debidamente los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pedimos a todas las empresas comerciales, tanto transnacionales como nacionales, que las cumplan”, subrayan.
El ejecutivo europeo insistió en que estaba “trabajando intensamente tanto internamente como con socios de todas las regiones” para asegurar el respeto de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, definidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta ahora, subrayó la Comisión, al menos 15 Estados miembros han adoptado planes de acción nacionales.
Derechos humanos por encima de intereses económicos
Los minerales de sangre, la industria textil, la tala indiscriminada, las vertidos de las petroleras… los ejemplos de crímenes contra los derecho humanos y el medio ambiente cometidos por empresas son una dolorosa realidad que a menudo queda impune.
La Organización de Naciones Unidas puso en marcha en 2014 un grupo de trabajo intergubernamental para la creación de un instrumento legal vinculante que regule la actuación de las empresas y se asegure que éstas sean responsables de los eventuales abusos que cometan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente.
El grupo de trabajo dio como resultado el borrador de un tratado internacional que comenzó a negociarse la pasada semana en Ginebra, con la participación de un centenar de delegaciones y la presencia de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de todo el mundo.
