El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, ha pedido a la Supervisión de Tribunales que investigue administrativamente a los cuatro jueces que conocieron el proceso de las nueve capturas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Según palabras de De León, 
el 2 de mayo del año pasado, un grupo de civiles capturó a los campesinos, pero por el retraso en la aplicación de justicia fueron escuchados 16 días después de su detención, lo que a criterio del magistrado de conciencia representa una violación a los Derechos Humanos y al debido proceso.
Ante tal circunstancia, De León emitió una sanción moral a los jueces Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de Santa Eulalia; Érick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal.
La sanción quedará como una tacha a los jueces por “violar los derechos humanos”, explica el magistrado de conciencia.
La investigación de la PDH confirma que el juez Anthony Pivaral emitió una resolución sin apego a derecho al tipificar a los capturados los delitos de atentado, robo y asociación ilícita y ordenar su traslado a una cárcel sin haber haberles hecho saber el motivo de su detención.
El juez de Santa Eulalia se despojó de su competencia y pidió a otros jueces conocer el caso.
El juez de paz de la capital no utilizó intérpretes sabiendo que seis de ellos hablan el idioma q’anjob’al y el juez Séptimo los escuchó sabiendo que no era competente, todo ello generó violaciones a los derechos humanos, puntualiza la resolución emitida por la PDH.
