Solo queda pendiente una de las dos demandas. El monto anterior era de $314 millones. La venta de Pacific Rim no afectará arbitraje con el país.

 

Argumentos. El daño irremediable a la salud que causa la explotación de minas metálicas es el razonamiento más fuerte con el que argumentan el caso ante el CIADI.

El proceso legal que entabló Pacific Rim Mining contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no se verá afectado por la compra de la empresa minera por parte de su homóloga australiana Oceana Gold.

Un miembro del equipo legal que defiende a El Salvador ante el organismo internacional dijo que el proceso seguirá su curso sin ninguna modificación, ya que una de las partes de la demanda que se amparaba en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR) fue desestimada en junio de 2012 y ahora solo queda, por librar, la segunda parte de la demanda que está bajo la Ley de Inversiones de El Salvador.

La canadiense buscó el amparo del tratado al alegar que mantenía oficinas en territorio de Estados Unidos, pero al no tener origen en este país la demanda no procedió en el tribunal.

En marzo de 2013, el Ministerio de Economía confirmó que Pacific Rim había entablado la nueva demanda contra El Salvador.

La demanda que sigue su curso en el CIADI tiene un monto fijado de $301 millones, luego de que hace dos meses bajó desde los $314 millones que solicitaba la minera canadiense. Según el abogado de El Salvador, Pacific Rim argumentó un recálculo ante el tribunal internacional y bajó el monto de la demanda.

El experto dijo que aunque la compra de la empresa no se ha concretizado, solamente se ha anunciado, no hay ningún motivo para esperar cambios en el proceso que se sigue.

La minera australiana compraría el 80 % de las acciones de Pacific Rim con un costo de $10.2 millones; pasaría, así, a ser la única dueña de la canadiense, ya que anteriormente era la titular del otro 20 % de acciones.

En cuanto al negocio entre las mineras, el jurista expresó que por parte de Pacific Rim la venta se dio por “descapitalización”, luego del desgaste que le ha generado el proceso. Mientras que calificó de “especulación” la compra de Oceana Gold.

“Ellos (Oceana Gold) se imaginan que este Gobierno o un Gobierno futuro les puede dar la concesión de los permisos”, manifestó el defensor.

Expresó, además, que debido a la formulación de la solicitud de concesión de permisos de explotación minera que Pacific Rim presentó a El Salvador, ningún Gobierno podría darles dichos permisos. Esto debido a que esta contiene muchas deficiencias, algunas de estas son las que alegan perjudican la salud de las personas.

“Esa concesión no puede ser otorgada ni como resultado del arbitraje ni con un arreglo con el Gobierno presente, ni con el Gobierno que pudiera resultar de las elecciones”, manifestó.

Sin embargo, miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica dicen temer por la coyuntura electoral que atraviesa el país. Carlos Flores, miembro de la mesa, señaló que las campañas políticas se pueden prestar para ser financiadas por empresas como Oceana Gold y así adquirir privilegios.

“Le pedimos a las autoridades que se active la institucionalidad y que se mantengan alertas de cualquier situación con respecto a este tema”, apuntó Flores.

En cuanto a la atracción de inversiones y la imagen que, procesos como este, generan, el director de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Giovanni Berti, se disculpó al decir que no es el indicado para dar una evaluación en cuanto a la temática.

Se buscó la reacción por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), con base en el mismo tema, pero al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.

El caso contra El Salvador viene desde 2008, cuando el expresidente Antonio Saca revocó los permisos de exploración y explotación minera en El Salvador.

El caso llegó al CIADI en 2009 y desde entonces se libra una batalla legal por la explotación de oro en la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas, el cual según datos de los activistas tendría más de 2 millones de onzas de oro.