Puno, Cochabamba, Washington, Ottawa, 13 de Septiembre, 2018
Más de un centenar de organizaciones le piden a la Corte Suprema de Justicia del Perú anular sentencia contra portavoz Aymara y rechazan el pago millonario por parte de Perú a la minera canadiense Bear Creek.
En las últimas semanas, organizaciones internacionales de los cinco continentes firmaron un Manifiesto público titulado: ¡¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social y a la Impunidad Corporativa en el Perú!! Se trata de una iniciativa impulsada por la organización local Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA de Puno (miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú – CNDDHH y de la Red MUQUI), acompañada por organizaciones internacionales como el Institute for Policy Studies (IPS) de Washington DC, el Democracy Center de Bolivia y MiningWatch Canadá.
El Manifiesto, firmado en total por 131 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, exhorta a la Corte Suprema de Justicia anular una sentencia en contra de Walter Aduviri, condenado a 7 años de prisión y a pagar más de 600,000 dólares en daños, por supuestos delitos cometidos durante el conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo”, en el año 2011.
La Corte Suprema de Justicia tratara el caso el 17 de septiembre, en Lima. El Manifiesto señala que, si la Corte Suprema no anula la sentencia, se estarán sentando duros precedentes para la defensa del territorio y los derechos humanos en Perú. “En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH; la libertad de expresión; y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y a sus portavoces como instigadores al delito”, señala.
El caso se remonta al año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La movilización exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia); la falta de consulta a las comunidades; cuestiones sobre la legalidad del proyecto; la falta de transparencia; y la mala fe de parte de la empresa con las comunidades. Después de reprimir las protestas, el gobierno finalmente canceló el proyecto. Sin embargo, la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales voceros, que derivó en la condena de Walter Aduviri en diciembre de 2017.
El Manifiesto fue entregado a la Corte Suprema de Justicia el día 5 de Septiembre del presente año. La defensora Yolanda Flores, en representación de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, Puno, hizo la entrega oficial del documento en un acto que fue transmitido en vivo. Flores estuvo acompañada por otras defensoras de Cajamarca, Selva Central, Cuzco y Puno, además de representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, quienes realizaron un plantón en el frontis del Palacio de Justicia.
El Martes 11 de Septiembre, en la ciudad de Puno, se realizó una conferencia de prensa en la que estuvo presente el padre de Walter Aduviri, Pablo Aduviri, quien con lágrimas en los ojos se dirigió a los medios exigiendo a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno del Perú, liberen a su hijo de la injusta condena. “Mi hijo no puede ir a la cárcel, mi hijo no es ratero, no es corrupto, no es asesino”, dijo, lamentando las grandes penurias que este proceso trajo a toda su familia.
En el acto también estuvo presente Patricio Illacutipa Illacutipa, uno de los procesados por el Aymarazo, quien dijo que es indignante la forma en que son calificados todo el tiempo como “radicales, anti-mineros, anti-sistema, anti-desarrollo”. “Mi persona ha sido 8 años destruido psicológicamente. Ahorita estoy luchando para recuperar a mi familia”, dijo, refiriéndose a las consecuencias de ser criminalizado de esta manera.
Illacutipa ahora es presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región del Sur de Puno. En su intervención también rechazó el pago de una millonaria compensación que Bear Creek exige al Perú por la cancelación de su proyecto en 2011. Se trata de una demanda que la empresa interpuso en contra del país en el CIADI, el brazo de arbitraje internacional del Banco Mundial, el año 2014. En diciembre de 2017, el mismo mes en que la “justicia” condenó a Aduviri, el CIADI falló en favor de la empresa y le ordenó al Perú pagar a la empresa más de 30 millones de dólares en compensación, incluyendo intereses y gastos legales.
Las movilizaciones populares han tenido un impacto, pues el Congreso ha frenado un proyecto de ley que propone el pago de US $ 31 millones a la Canadian Bear Creek Mining Corporation como compensación por el “Aymarazo” de 2011. El pasado jueves 8 de septiembre, la Comisión de Presupuestos votó en contra del artículo 13 del proyecto de ley 03121-2017. Según una entrevista que dio con Telesur, Oracio Pacori Mamami, un legislador de Puno y jefe de la Comisión, advirtió al Congreso sobre la agitación social que se vería en la aprobación de tal proyecto de ley. “Hemos advertido al ministro de economía sobre este peligro y es por eso que dejamos este pago suspendido”, dijo Pacori Mamami.
Esta compensación es considerada absurda e injusta por los peruanos involucrados en la lucha, y este sentimiento se hizo eco en la conferencia de prensa del martes en Puno. “El pueblo peruano no tiene por qué pagar. Además del hecho de que [la compañía] ha violado los derechos colectivos, la constitución, ¿ahora la empresa quiere que se le pague? Nunca lo permitiremos. El pueblo tendrá que levantarse y el segundo Aymarazo se desatará “, dijo Illacutipa. Por el contrario, afirmó que es Bear Creek quien tiene que compensar a las personas y a las comunidades por provocar el conflicto y producir pérdidas en sus actividades económicas durante los días de las movilizaciones.
Rodrigo Lauracio, que estuvo presente en la conferencia en representación de DHUMA, también manifestó su rechazo al fallo del CIADI. “La empresa minera Bear Creek exige una compensación, pero a las personas que han sido criminalizadas y a las que se les ha realizado procesos judiciales, no se les repara. Siete años de asistir audiencias, daños emocionales, morales, etc. ¿quién los ha reparado?”, dijo.
Los representantes, entre los que también estuvieron presentes RED MUQUI SUR, el Democracy Center y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA Perú, recalcaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, sino que es un eslabón más del modelo desarrollista extractivista impuesto por el estado, y que busca despojar a las comunidades indígenas de sus recursos y su territorio en favor de los intereses de las empresas multinacionales. La criminalización, estigmatización y deslegitimación de las luchas de las comunidades y sus portavoces, son utilizadas justamente para inhibir las movilizaciones que buscan proteger el territorio de la vorágine extractivista. “Creemos que los procesos de criminalización no solamente se restringen al tema de procesos judiciales, sino que también conllevan campañas de estigmatización y en algunos casos de difamación contra voceros o representantes de pueblos indígenas. Todo esto es parte de un proceso de criminalización y estigmatización a los procesos que las comunidades enfrentan, cuando rechazan proyectos extractivos que no han sido consultados a los pueblos indígenas”, afirma Rodrigo Lauracio.
El Manifiesto también fue enviado a la empresa minera Canadiense Bear Creek. De hecho en una de sus exigencias las organizaciones se dirigen directamente a ella. “Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país”, señala.
Por su parte, Patricio Illacutipa, en su última intervención en la conferencia de prensa hizo un llamado a la población y a las comunidades a impedir el ingreso de las mineras a sus territorios. “Nunca van a entrar estas empresas extractivas, saqueadoras de nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos que defender nuestra tierra y territorio, nuestros recursos naturales, nuestro recurso agua, porque el agua es vida, la mina es muerte”, señaló.
Nota:
El 4 de octubre del 2018, DHUMA recibirá el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffit del Institute for Policy Studies en Washington DC. Los miembros de esta organización estarán presentes para aceptar el premio que se presenta anualmente en conmemoración de los defensores de los derechos humanos caídos Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt. Puede encontrar más información sobre este evento en este enlace: https://ips-dc.org/about/
Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
Democracy Center
Institute for Policy Studies (IPS)
MiningWatch Canadá
Contactos:
En Puno: Hernán Portobravo (+51 999 065 983) / h.porto.9001@gmail.com
En Bolivia: Thomas McDonagh (+591 72915035) / thomas@democracyctr.org
En Washington: Manuel Pérez Rocha (1-240-838-6623) / manuel@ips-dc.org
En Ottawa: Kirsten Francescone (+1 437 345-9881)) / kirsten@miningwatch.ca
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