Quito, 6 de junio de 2017.- Destacadas personalidades y organizaciones sociales de derechos humanos de América Latina , hacen pública una carta abierta, que tiene como destinatario la 47° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ella se oponen al posible nombramiento del señor Douglass Cassel, como miembro de la CIDH, bajo el criterio de que no cuenta con la “alta autoridad moral” establecida en el Reglamento de la CIDH.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y alrededor de 40 entidades, que se han sumado hasta el momento, son parte de esta iniciativa que nació de las organizaciones de derechos humanos de Ecuador. El argumento esgrimido es que Cassel, quien tiene trayectoria en el mundo académico y de los derechos humanos ha actuado como defensor de Chevron Corporation, en contra de los derechos humanos de los afectados ecuatorianos, víctimas de la contaminación dejada por la petrolera y que más de 23 años han pasado en las Cortes del mundo, reclamando justicia.
Para los firmantes el hecho de que se haya nominado a Cassel por parte del gobierno de los Estados Unidos, es alarmante, puesto que la “CIDH es la única y última instancia” a la que pueden acudir las organizaciones y personas para preservar los derechos humanos de la región, que permanentemente son amenazados por las empresas e industrias extractivas, por lo que se requiere “contar con una CIDH que tenga entre sus miembros personas que apliquen el principio pro homine y no a quienes representen los intereses de las grandes corporaciones.”
Los firmantes resaltan el hecho de que Cassel, en su afán de defender a la petrolera cuestiona a los demandantes ecuatorianos “aduciendo que no existen pruebas de que los tóxicos arrojados por la industria petrolera, provoquen enfermedades”, lo que estaría en franca oposición de un informe firmado por la misma CIDH, luego de una visita a las zonas de operación de Texaco (ahora Chevron) en la Amazonía ecuatoriana y mediante el cual resaltan que los datos obtenidos “dan fe del riesgo considerable para la vida y la salud humana que representan las actividades de explotación petrolera en el Oriente” De igual manera reaccionan al hecho de que pueda ser nominado y considerado para el cargo de miembro de la CIDH una persona que ha puesto por sobre los derechos fundamentales, el derecho societario, al apoyar la posición de Chevron Corporation “con los que pretende evadir su responsabilidad por los daños cometidos en la Amazonía ecuatoriana (…) al afirmar que Chevron nunca operó en Ecuador y que la juzgada es Texaco, desconociendo las obligaciones generadas por la fusión entre las dos empresas. Sostienen los firmantes que no es posible que un abogado de derechos humanos apruebe y defienda “la legitimidad de que un proceso privado de arbitraje internacional de inversiones menoscabe derechos fundamentales de personas.”
Dos de las organizaciones promotoras, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco-Chevron (UDAPT) y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), expresaron su certeza sobre la decisión acorde a los estándares internacionales que tomarán los Estados en la próxima Asamblea General de la OEA, que impediría la captura de los intereses corporativos de una de las más importantes instituciones del sistema interamericano.
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