Quito, 18 de septiembre 2017 – La Unión de Afectados y afectadas por las Operaciones de Texaco en Ecuador (UDAPT), exige al Gobierno ecuatoriano no interferir en el litigio privado que mantienen en contra de la petrolera Texaco (ahora Chevron), y advierten que si le “meten mano a la justicia”, estarían cometiendo una grave ilegalidad, y una nueva violación a los derechos de los pueblos de Ecuador.
Estas declaraciones las hizo luego de conocer el pronunciamiento del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, sobre la decisión de negociar con la petrolera para resolver el litigio que ha sido impulsado por los indígenas y campesinos ecuatorianos, por más de 24 años. Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la UDAPT, le recuerda al Gobierno y al funcionario del Estado, que el juicio de los pobladores de la Amazonía ecuatoriana es privado y que el Presidente no puede negociar en nombre los demandantes, y menos aún, meterle mano a las decisiones de las Cortes de Ecuador.
De hacerlo interferiría con la independencia de las Cortes al invalidar una sentencia ratificada en las tres instancias judiciales del país, además de desconocer los derechos de los afectados a reclamar por los graves perjuicios ocasionados por la petrolera, que han impactado seriamente la vida de sus mandantes, dijo Lucitante.
El Coordinador de la UDAPT, lamenta estas declaraciones del Ministro de Comercio ecuatoriano y solicita al Presidente que antes de hacer este tipo de pronunciamientos pida a su gabinete que se informe y no se deje sorprender por las presiones de Chevron. De no ser así, la UDAPT se reserva la posibilidad de adoptar todas las medidas legales, constitucionales y las del derecho internacional, para proteger su derecho a la justicia, a la salud y a la vida, evitando que el Estado negocie con la multinacional, a espaldas de los demandantes ecuatorianos.
“¿Será que para el presidente Lenín Moreno es más importante la amistad de Chevron que los derechos de los ecuatorianos?”, se pregunta Willian Lucitante, lo que iría en total contradicción con las declaraciones públicas del primer mandatario a favor de la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. “Esperamos que la política del Presidente sea en la misma línea de sus discursos y que sus hechos no los contradigan”, dijo.
El representante de los afectados señaló que la organización está consciente de los graves problemas económicos que atraviesa el país, sin embargo, someterse a los chantajes de los intereses de la petrolera norteamericana, constituiría una pésima señal, sobre todo, cuando el Gobierno de Ecuador impulsa ante las Naciones Unidas la adopción de un Tratado Vinculante, que busca obligar a las trasnacionales a cumplir los derechos humanos reconocidos a nivel supranacional. Recuerda que ha sido el emblemático “Caso Chevron” uno los ejemplos analizados con mayor profundidad y que ha evidenciado el poder corporativo y la estructura de impunidad mundial que permite a las empresas la violación de los derechos de las poblaciones en las que operan, sin que existan mecanismos que les obliguen a responsabilizarse por ello y resarcir los daños provocados.
No puede el Gobierno Nacional privilegiar, de forma ilegal e inconstitucional, las prebendas económicas de una compañía, que además ha sido reconocida en el mundo como la más opaca y mentirosa, por sobre los derechos humanos de su pueblo. “Ha sido una batalla enfrentada por indígenas y colonos en contra de los poderes políticos y económicos, tanto de la petrolera, como de quienes han detentado el poder en el Ecuador”, señaló el dirigente.
Por otra parte, Pablo Fajardo, abogado de los afectados, recordó que la Corte Constitucional, durante más de tres años no ha resuelto la Acción Extraordinaria de Protección, que fue iniciada el 14 de enero del 2014, pese a que el procedimiento establece que debía resolverse en treinta días después de su admisión. Este hecho también es una violación a los derechos y podría ser parte de las negociaciones con Chevron, pues su intención es que el Gobierno interfiera a su favor, a cambio de no continuar con el Arbitraje en contra del Estado.
Fajardo también manifestó que la demanda de Chevron ante el Tribunal Arbitral, en contra del Estado ecuatoriano, se basa en la exigencia de la petrolera de que el Gobierno anule la sentencia en su contra, presionándolo para que de esa manera viole las normas legales y la independencia de la Función Judicial, a la que está obligado a respetar, de acuerdo a la Estructura del Estado, según consta en la Constitución de la República.
Dijo además que los miembros de la UDAPT están en conocimiento de que desde hace años atrás Chevron viene realizando ofertas económicas al Gobierno de Ecuador, a cambio de que interfiera en su favor ante las Cortes del Ecuador; “ afortunadamente hasta este momento eso no ha ocurrido”; sin embargo considera que mientras la Acción de Protección no se resuelva, en derecho, en la Corte Constitucional, es un elemento de chantaje y presión que tiene la petrolera para ofrecer sobornos al Gobierno del Ecuador. “Nos cuesta creer que el Ministro Campana esté cayendo en esa trampa”, opinó el abogado.
Finalmente Willian Lucitante, indicó que los afectados están alertas ante esta nueva amenaza en contra de sus derechos y todas las organizaciones fraternas, tanto de Ecuador, como del mundo están activadas y pendientes de las acciones del gobierno nacional y exigió seriedad al Gobierno Nacional el cumplimiento del marco jurídico nacional y los derechos humanos.
