La semana pasada, el activista ambiental Rigoberto Lima Choc fue asesinado en el norte de Guatemala. Esto ocurrió justo después que un tribunal ratificara la denuncia presentada por Rigoberto contra la empresa de palma aceitera Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA), por la contaminación masiva que ha provocado.
Rigoberto era un maestro y activista indígena de 28 años. Le dispararon frente al tribunal tan sólo un día después que este ordenara a la empresa suspender sus actividades debido a un enorme derrame de desechos de palma aceitera. Rigoberto fue uno de los primeros en denunciar la mortandad masiva de peces a causa del agua contaminada.
El derrame produjo la muerte de cientos de miles de peces, poniendo en riesgo el medio de sustento de miles de personas de las comunidades costeras. Los expertos se refieren al derrame como un “ecocidio” y la consideran una de las catástrofes ambientales de mayor magnitud en la historia de Guatemala. Al denunciar el derrame, Rigoberto sólo hizo lo que correspondía.
El reciente derrame es sólo un ejemplo de la destrucción ecológica que puede causar el cultivo a gran escala de palma aceitera, especialmente cuando los gobiernos no cumplen con su deber de proteger a la gente y el medioambiente. Cuando se desbordó la planta de procesamiento de la empresa, nunca se alertó a las comunidades locales, que quedaron libradas a su suerte para tomar medidas de protección.
Rigoberto documentó el derrame y luego presentó una denuncia personalmente, que motivó una orden judicial de suspensión de las actividades de la empresa. En lugar de velar por el cumplimiento de la orden judicial, el gobierno de Guatemala permitió que asesinaran a Rigoberto por su acción heroica.
Es absolutamente inadmisible que activistas como Rigoberto pongan sus vidas en riesgo cuando se enfrentan a los Grandes Contaminadores. No podemos permitir esto. ¡Debemos exigir justicia para Rigoberto ya mismo!
Ayudemos a evitar que la plaga de la palma aceitera siga destruyendo el medioambiente guatemalteco y amenazando a sus defensores/as de derechos humanos. ¡Actuemos ahora!
Defensor ambiental guatemalteco es asesinado y la vida de otros/as está bajo riesgo
Previo a los deslaves que han causado ya más de 160 muertes y centenas de desaparecidos en la capital de Guatemala, las organizaciones sociales de ese país debieron lamentar el asesinato de más un defensor comunitario y territorial: Rigoberto Lima Choc, un joven activista ambiental que venía denunciando las actividades altamente contaminantes de la industria de la palma africana.
Rigoberto era uno de los dirigentes indígenas que venía sosteniendo junto a más de 20 comunidades locales la lucha contra el ecocídio del río La Pasión cometido por las empresas que han instalado en los últimos años monocultivos de palma aceitera en esa región del norte guatemalteco.
“El compañero Roberto Lima Choc ante el descaso de las autoridades locales, y en un unión con otras comunidades afectadas por la expansión de monocultivos, decide exigir justicia a los órganos competentes en protección en materia ambiental, al Ministerio Público y a la Procuradoria de Derechos Humanos”, cuenta Lourdes Gómez, integrante de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) a Radio Mundo Real.
Tanto Roberto como los demás integrantes de comunidades que comenzaron a denunciar públicamente el accionar de las empresas y la ausencia de respuesta de parte del Estado, comenzaron a sufrir amenazas por parte de sicarios en junio de este año.
La presión y lucha de las comunidades fue tal que el 17 de setiembre el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Delitos contra el Medio Ambiente del Departamento de Petén ordenó el cierre por 6 meses de la empresa REPSA por la contaminación en el río La Pasión.
Al día siguiente de esta decisión, tres referentes comunitarios de esta lucha fueron capturados por integrantes de la empresa. Rigoberto se disponía a negociar la liberación de sus compañeros, cuando fue asesinado en la puerta del Juzgado de paz de Sayaxché, municipio del departamento de Petén.
Y las amenazas de muerte no se han detenido según Lourdes, la situación se mantiene delicada para los referentes en esta lucha en contra de los monocultivos palmeros del norte guatemalteco. Hasta el momento tampoco ha habido avances para la resolución del crimen desde la justicia, al contrario “están enjuiciando a referentes comunitarios”, denuncia la integrante de REDSAG.
Total impunidad
“Las empresas no tienen controles sanitarios, ni cuentan con estudios de impacto ambiental, liberan residuos con agrotóxicos al río La Pasión, y han eliminado toda la vida acuática en él”, explica Lourdes sobre la situación de los monocultivos en esa región.
Los monocultivos en Guatemala se introducen primeramente a través de la caña de azúcar en el sur, y luego con la introducción de la palma africana: “han sido impulsados con el argumento de que irían garantizar la alimentación de los habitantes, pero lo que hizo fue acrecentar más la escasez alimentaria en el país, porque se han expandido los monocultivos en zonas con tierras de alta productividad”.
Esta expansión de monocultivos se dio en los cinco departamentos del norte del país, promoviendo “un acaparamiento de tierras incontrolable durante de diez años, despojando bajo amenazas muchas de las comunidades, sin contar con estudios de impacto ambientales, ni permisos para talas, e irrespetando los derechos laborales de quiénes trabajan para estas empresas”.
La situación es calamitosa según cuenta Lourdes: “las empresas son exoneradas de impuestos por el gobierno, contaminan el agua, se quedan con las tierras, atentan contra las comunidades y el patrimonio natural del país. Es un sistema que genera grandes beneficios económicos para muy pocos”.
Imagen: http://upsidedownworld.org
