Fuente: Terra Justa
Abril 2021
Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de ir rápido – debido a que las comunidades afectadas necesitan ese Tratado – pero, al mismo tiempo, asegurarse de que el contenido del Tratado sea acorde y pueda realmente ayudar a las comunidades en los territorios.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 26/9 para la elaboración de un Instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos. El objetivo es construir un Tratado que ayude a poner fin a los abusos que cometen las empresas transnacionales en los territorios principalmente del Sur Global.
TerraJusta sigue con interés este proceso, que este 2021 ingresa en su 7mo año de negociaciones. Es por eso que entrevistamos a Raffaele Morgantini – representante del CETIM Centre Europe-Tiers Monde y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo en la ONU –, quien nos brinda un panorama amplio sobre la situación actual de las negociaciones del Tratado Vinculante en las Naciones Unidas; los desafíos más importantes en cuanto al proceso de negociaciones y a contenidos del Tratado; y lo que se espera que suceda este año, incluyendo los planes de la Campaña Global, de la que somos parte.
Las empresas transnacionales basan una buena parte de su poder en una amplia red internacional de tratados comerciales y de inversión que contienen mecanismos vinculantes de “protección” y de cumplimiento obligatorio para los países que los firman. Sin embargo, no existen mecanismos internacionales vinculantes que las obliguen a rendir cuentas y a reparar de forma efectiva a las comunidades que sufren los impactos negativos que sus operaciones provocan en términos de derechos y medio ambiente. Un Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos es fundamental para que las comunidades que resisten y denuncian estos impactos tengan un instrumento de protección y una vía internacional efectiva para acceder a la justicia.
Entrevista transcrita:
TerraJusta: ¿En qué situación se encuentran las negociaciones del Tratado Vinculante en la ONU?
Raffaele Morgantini: En octubre pasado (2020) se desarrolló la 6ta sesión de negociaciones del grupo de trabajo intergubernamental de la ONU que está negociando la elaboración del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.
Por un lado, nos encontramos en un momento crítico del proceso, pero, paradójicamente, por otro lado, estamos en un punto de negociación en el que el proceso se ha estabilizado. ¿Por qué digo eso? Porque en años anteriores habíamos observado muchas maniobras, ataques e intentos de boicot de este proceso, principalmente por parte del sector privado, representantes de las transnacionales, y también de algunos países, en particular de la Unión Europea. Es decir, no estamos observando nuevas maniobras o intentos de frenar el proceso. Sin embargo, esto no quiere decir que estamos en camino de obtener lo que queremos en cuanto a contenidos.
En nuestro análisis, los ataques se detuvieron por una cuestión esencial, que fue el cambio de gobierno en Ecuador. Desde la llegada a la presidencia de Lenin Moreno (2017), ha habido un cambio de ruta en los procesos internacionales de Ecuador. En este caso, cuando Moreno llega al gobierno, se presenta a la mesa de negociaciones un borrador de Tratado, cuyo contenido se acomoda a las propuestas e intereses de los lobbies de las transnacionales y de sus aliados políticos.
En síntesis, el proceso está vivo, no hay ataques mayores para frenarlo. Pero a nivel de contenidos, todavía hay problemas.
Si continuamos en esa dirección, vamos hacia la elaboración y futura adopción de un Tratado, cuyo contenido no refleja las necesidades de las comunidades afectadas. Entonces, es posible lograr un Tratado, pero la cuestión es ¿Qué tipo de tratado?: Un tratado que se acomoda los intereses de las transnacionales y que finalmente no va a servir para regular las actividades y sancionar a las transnacionales cuando violan los derechos humanos, es un tratado “sin dientes”, “inocuo”.
La batalla de contenidos todavía está en curso. Y continuará en el futuro dado que es posible que este proceso dure todavía un tiempo. Esa es la situación actual, con una polarización bastante marcada a nivel de las posiciones de los países.
De manera esquemática, podemos decir que por un lado están los países que desde hace años están abogando para la elaboración de un Tratado ambicioso, con posiciones más o menos afines a las de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo. Cabe resaltar el gran apoyo de parte del continente africano, y en particular el papel de países como Namibia, África del Sur, Mozambique y otros. En América latina también, el apoyo es bastante contundente, con participación activa y constructiva de parte de países como Panamá, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y ahora un creciente interés de parte de Argentina y México. En Asia también contamos con el apoyo de un buen número de países. Después hay un grupo de países en el medio, con participación esporádica y con posiciones variadas. Y hay otro grupo de países muy bien establecido que, no es que se oponen a la elaboración del Tratado – porque ahora ya lo han aceptado – pero que sin embargo se oponen a la adopción de un Tratado ambicioso. Ellos quieren un Tratado que se acomode a sus intereses y a los de las empresas transnacionales, un tratado que no sirva para atacar al poder y a la impunidad corporativa. Estos países son de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, EEUU, y algunos otros países que definiría satélites, como Brasil, Colombia, Chile, etc.
TJ: ¿Qué significa dejar sin “dientes” al Tratado Vinculante?
RM: De manera general están tratando de cambiar la razón de ser de ese Tratado. En la resolución de la ONU 26/9, que crea el mandato para el grupo de trabajo, el objetivo del Tratado es muy claro: la regulación de las actividades de las empresas Transnacionales. En su forma actual, el borrador ya no es un instrumento de regulación de las actividades de las transnacionales, sino más bien un documento general que resume las obligaciones de los Estados sobre esta temática, sin normas contundentes ni mecanismos de implementación y sanción robustos para atacar a la arquitectura transnacional que permite la impunidad corporativa.
Un elemento importante es el alcance. Tal y como demanda la resolución 26/9, el Tratado debe estar focalizado en empresas transnacionales y “otras empresas”, sabiendo que esas “otras empresas” son empresas de carácter transnacional. Es decir, el Tratado no debería enfocarse en empresas registradas en las legislaciones nacionales ni abarcar pequeñas y medianas empresas, ni empresas públicas que no tienen actividades transnacionales. Ese era el objetivo, pero la Unión Europea, el sector corporativo y otros países, han buscado cambiar el alcance para decir: “No, este Tratado no tiene que ser sobre transnacionales en particular, sino sobre todas las empresas”. Y esto para nosotros era una estrategia para diluir el proceso, sacarle el contenido y los dientes al Tratado. Se buscaba un Tratado enfocado en las empresas transnacionales, que son la mayor fuente de violaciones de DDHH a nivel internacional, y no sobre cualquier tipo de empresas. Ahora se tiene un Tratado más general, y que difícilmente podrá ser efectivo dado que no podría tratar todas las violaciones de todas las empresas comerciales de todo el mundo.
Otro elemento fundamental, es que el actual borrador de Tratado, no prevé obligaciones directas para las transnacionales, sino solamente obligaciones para los estados. Esto es un problema, porque sabemos que las obligaciones de los Estados no son suficientes para responsabilizar a las transnacionales. De hecho, existen transnacionales mucho más potentes y ricas que los mismos Estados. Dejar toda la responsabilidad sobre los hombros de los Estados es insuficiente, debido a que en muchos Estados hay una falta de voluntad política para regular a estas entidades, o simplemente hay una falta de capacidad técnica y política. Además, se puede constatar que muchos Estados – en particular los más vulnerables o sometidos a relaciones de tipo neocolonial, que se atreven a cuestionar los intereses comerciales del poder corporativo – están sometidos a chantajes, amenazas de deslocalizaciones, exclusión del comercio, etc. En segundo lugar, las actividades de las transnacionales, que por definición son volátiles y tienen lugar en varias jurisdicciones, permiten a estas entidades escapar del control de los Estados. A esto hay que añadir la capacidad que tienen las Empresas para eludir las jurisdicciones nacionales, mediante complejas estructuras jurídicas y administrativas, gracias a su considerable poder económico y político.
Es por todo esto que tenemos que establecer obligaciones directas de respeto a los Derechos Humanos para las transnacionales. Y en caso de no hacerlo, es necesario tener mecanismos jurídicos vinculantes para llevar a juicio y sancionar a las transnacionales que violan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y este es otro elemento importante, debido a que el borrador actual no prevé la creación de mecanismos internacionales para juzgar a las transnacionales. La Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional sobre empresas transnacionales, en donde los estados y las organizaciones de la sociedad civil, puedan presentar quejas contra las transnacionales sobre violaciones de derechos humanos.
Con todo lo anteriormente dicho, no quiero decir que todo el contenido del actual borrador del Tratado está mal. Hay cosas interesantes y que también podrán ser útiles en nuestras batallas contra la impunidad corporativa. Pero de manera general, la Campaña no está satisfecha con el contenido actual del borrador, el cual se aleja de los objetivos del mandato y contiene vacíos importantes. La Campaña continuará su batalla para hacer que el futuro tratado sea un tratado contundente, porque si ponemos todo en una balanza, el borrador del tratado actual no parece sea el tratado que las comunidades afectadas necesitan para enfrentarse al poder corporativo.
TJ: ¿Qué se espera en cuanto a las negociaciones para este año y qué planes tiene la Campaña?
RM: Este año vamos a entrar en la séptima sesión de negociaciones, que será en Octubre de 2021.
Lo que la Campaña Global va a hacer este año, es continuar batallando a nivel de contenidos del futuro borrador, además del trabajo de incidencia y de cabildeo a nivel de los Estados para que participen constructiva y activamente en el proceso. El apoyo de los Estados es importante, porque son finalmente los que mandan en las Naciones Unidas, que es un órgano intergubernamental en donde el poder político de los Estados es lo que cuenta. Nosotres, como representantes de la sociedad civil y de los movimientos, trabajamos para incidir en los Estados.
En ese sentido, como Campaña Global, continuaremos desarrollando el trabajo de incidencia a nivel de las misiones diplomáticas de los Estados de la ONU y a nivel de autoridades nacionales. Vamos a intentar obtener nuevos apoyos de nuevos estados, además de fortalecer el apoyo de los que ya están implicados en el proceso, y si es posible, revertir la posición de algunos estados que actualmente no están en favor de un Tratado ambicioso. Además, nos vamos a preparar como Campaña para participar en la próxima sesión del grupo de trabajo en 2021.
TJ: ¿Existe algún límite en las negociaciones para adoptar el Tratado, o alguna fecha previsible?
RM: En el caso de este grupo de trabajo, el mandato mismo, es decir, la resolución 26/9 de la ONU, lo deja claro: el proceso tiene que continuar hasta la elaboración de un tratado. Ese es el límite. Hasta que los estados no hayan acordado un momento oportuno para adoptar este instrumento, no hay límites de tiempo para negociar.
Sin embargo, nosotros esperamos que se elabore lo más rápidamente posible, porque hay una necesidad y una urgencia de las comunidades afectadas. Pero, al mismo tiempo, no estamos dispuestos a que se avance hacia la adopción de un tratado que no representa un verdadero escudo contra la impunidad corporativa. Creemos que adoptar un Tratado con un contenido que no sirva a las comunidades, es incluso peligroso, en el sentido que tendremos un instrumento sobre transnacionales (malo), y se acaba la discusión. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de ir rápido – debido a que las comunidades afectadas necesitan ese tratado – pero, al mismo tiempo, asegurarse de que el contenido del Tratado sea acorde y pueda realmente ayudar a las comunidades en los territorios. Actualmente estamos en ese proceso.
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Para más información acerca del Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos que se negocia en las Naciones Unidas, visitar: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/
