En octubre de 2010, Commerce Group, empresa minera de origen estadounidense, impulsó una demanda por US $ 100 millones contra el Estado salvadoreño cuando se le revocó el permiso de explotación de la mina San Sebastián, ubicada en el departamento de La Unión, al oriente del país, donde la compañía minera mantuvo operaciones de forma intermitente durante varias décadas del siglo pasado. El permiso le fue negado por la contaminación del río San Sebastián y por otros impactos irreversibles en el ecosistema.
El río San Sebstián, ubicado al pie de la mina en el municipio de Santa Rosa de Lima, presenta hoy una alarmante contaminación por metales pesados producto de la minería hecha por la empresa. Especialistas y organizaciones nacionales e internacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han denunciado la contaminación presente en el lugar y han señalado que el gravísimo deterioro ambiental, está afectando los derechos a la vida, al agua, la alimentación, la salud y el medio ambiente de comunidades en la zona.
A pesar del desastre provocado por Commerce Group, hasta ahora, ha sido la empresa la que se ha mantenido pretendiendo chantajear al Estado salvadoreño, echando mano de tribunales corporativos internacionales sin responder por la comprobada contaminación y sin respetar la negativa de las poblaciones que prefieren preservar los pocos bienes naturales que les quedan.
Al igual que en el caso de la demanda por US $ 315 millones que la canadiense Pacific Rim exige al gobierno salvadoreño, se trata de de extorsiones que demuestran los enormes privilegios que nuestros gobernantes han cedido a las multinacionales.
El Estado salvadoreño, particularmente la institución que debe velar por los intereses del mismo, en lugar de celebrar victorias que no le corresponden, y si en verdad es su interés velar por la soberanía nacional, debería revisar y dejar de promover acuerdos de inversión que como el TLC con Estados Unidos, el AdA con la Unión Europea, el Asocio para el Crecimiento y la Ley de Asocio Público Privados, que privilegian y protegen al máximo los derechos de inversión de las empresas transnacionales, vulnerando aún más en detrimento de nuestra soberanía y los derechos humanos. Igualmente si es su mandato la promoción y la defensa de los derechos de la población salvadoreña debería impulsar de manera urgente la prohibición de la minería metálica, por los enormes riesgos que representa para el país.
