En las últimas semanas una noticia ha tenido muy preocupada a las autoridades ecuatorianas y a la sociedad civil en general. La noticia es que el estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar 1,700 millones de dólares más intereses a la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) por haber cancelado su contrato de operaciones en 2006. El argumento de las autoridades en ese entonces fue que la compañía había transferido de manera ilegal una parte de sus derechos a una empresa canadiense. Inmediatamente Oxy demandó al país bajo el TBI Ecuador-EE.UU. en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones-CIADI, cuyo fallo a principios de Octubre de este año fue a favor de la empresa. Ante este hecho gobierno del Ecuador apeló la decisión de este tribunal, una acción legal cuya resolución podría demorar muchos meses y que con seguridad le constará al estado ecuatoriano muchos miles de dólares en intereses y honorarios de abogados defensores.
En ese sentido, la RJSIG contactó a la organización Ecuador Decide para conocer su perspectiva acerca de este caso. Ecuador Decide es una red integrada por una diversidad de organizaciones sociales que se formó el 2004 para detener la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y los Estados Unidos. Actualmente, entre otras actividades, hace seguimiento a las actuales negociaciones del Acuerdo de Asociación de Ecuador con la Unión Europea, que a criterio de la red, es un Tratado de Libre Comercio encubierto.
La entrevista fue concedida por Pablo José Iturralde Ruiz, que es parte del colectivo de Ecuador Decide e investigador del Centro de Derechos Económicos y Sociales- CDES. El objetivo de la conversación fue explorar los antecedentes del caso, las reacciones de las organizaciones sociales ante este fallo, las posibles articulaciones y acciones, los costos sociales que significarían pagar este monto de dinero, y por último, revisar la política de inversiones del gobierno en las actuales negociaciones de acuerdos comerciales y de inversión en las que está involucrado.
Red por la Justicia en las Inversiones Sociales (RJSIG): Pablo, ¿Podrías por favor comentarnos acerca de los antecedentes del caso Oxy vs Ecuador, y el rol de las organizaciones sociales en este conflicto?
Ecuador Decide (ED): El 2005, las organizaciones y los movimientos sociales se organizaron alrededor de lo que se llamaba la Asamblea Biprovincial. Esta Asamblea supo movilizar a las organizaciones y llevaron a las provincias de Orellana y Sucumbíos, provincias amazónicas y petroleras, a un levantamiento que fue fuertemente reprimido, y que puso en el debate nacional el problema con la compañía Occidental.
El argumento legal de las organizaciones era que se había realizado un traspaso de derechos ilegal (de Oxy a otra compañía), sin consultar a la autoridad pública del Ecuador. Ese era el argumento legal, pero había exigencias de las organizaciones sociales respecto del incumplimiento de la empresa de normas ambientales y de impactos sociales negativos. Además que se exigía que parte de la renta que estaba generando la empresa Oxy, sea redistribuida para que beneficie a las provincias de Sucumbíos, Orellana, y también Napo, que son provincias amazónicas influenciadas por la actividad petrolera y que constituyen la región más pobre del país.
De esa manera, el movimiento indígena y el movimiento campesino, que en ese tiempo llevaban la vanguardia de las reivindicaciones sociales nacionales, incorporaron dentro de sus reivindicaciones la caducidad (de operaciones) de la Oxy. Recogiendo esa reivindicación y las otras reivindicaciones del movimiento indígena, como el rechazo a cualquier Tratado de Libre Comercio, el entonces candidato presidencial Rafael Correa hizo sus propuestas de campaña y llegó a la presidencia.
La declaración de caducidad del contrato de Oxy y el traspaso de su producción a la empresa pública Petroamazonas el 2006 es un hito que marcó un giro importante en la política petrolera del país. A partir de ahí la participación del estado en los recursos hidrocarburíferos ha ido creciendo, el estado ha participado más.
(RJSIG): ¿Cuál es la reacción que ha provocado este fallo en las organizaciones sociales y de la sociedad civil? ¿Existen iniciativas o acciones más allá de la estrategia legal que asumió el gobierno?
(ED): Las organizaciones sociales han rechazado el fallo del CIADI por considerar que atenta contra la soberanía nacional y porque el peso de esta deuda se sentirá en la mayoría de la población y principalmente en los sectores populares. Además es necesario aclarar que el peso de esta deuda es de alrededor de 2,300 millones de dólares. El laudo arbitral que nos condena a pagar Oxy son en total 1,769 millones por indemnización y aproximadamente 530 millones por intereses.
Las organizaciones sociales le han reclamado al estado por la mala defensa y el doble discurso que está condenando al país a esta deuda exorbitante. ¿Y por qué este doble discurso del que hablan las organizaciones sociales? pues porque la estrategia legal del estado ha sido inconsistente e incoherente. El gobierno ha manifestado un doble discurso irresponsable y poco transparente. Desde el inicio la posición correcta debió haber sido que el estado rechace cualquier tipo de arbitraje internacional. Sin embargo, el gobierno no ha sido claro al respecto. El 2006 el presidente electo (Rafael Correa) había dicho, que era una traición a la patria reconocer cualquier tipo de arbitraje, que Ecuador no ha aceptado y no tendría por qué aceptar un arbitraje internacional. Eso había dicho el presidente electo el 2006. En cambio, el 2007, quien fuera la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinoza, reconoció en una declaración que el proceso que llevaba el CIADI era legítimo y que Ecuador acogerá y aceptará cualquier dictamen del CIADI. Por otro lado el 2008, el procurador del estado, que es el abogado del estado, declaraba que el país estaría dispuesto a realizar una compensación a la compañía estadounidense Oxy, en el caso de que el CIADI falle en contra. Ese doble discurso, ha sido señalado por las organizaciones sociales porque han afectado gravemente los intereses del Estado Ecuatoriano.
Frente al tema en este momento no existe algo articulado. No hay un discurso ni acciones articuladas directamente relacionadas con el tema de Oxy y el fallo del CIADI. Esto se debe a que no hay interlocución con el gobierno, existen rupturas importantes del gobierno con las organizaciones sociales. El movimiento (de 2005) estaba básicamente conformado por las organizaciones indígenas y campesinas, agrupadas principalmente en la CONAIE, pero a raíz de la promoción de una política extractivita de parte del gobierno existen rupturas que nos les permiten tener diálogos. Entonces por ahora no hay una articulación, pero hay voces desde las organizaciones sociales que se pueden pronunciar sobre el tema.
(RJSIG): ¿Qué significa para el pueblo ecuatoriano en términos sociales pagar 2,300 millones de dólares a Oxy de las arcas del estado? ¿Cómo afecta esto a la política pública social y la implementación de políticas públicas en general?
(ED): 2,300 millones de dólares que el CIADI ha condenado a que Ecuador pague, implican para nuestro país, menos salud, menos educación, menos gasto social. Para tener una idea: en nuestro país el estado da un bono de desarrollo humano a las personas que están en extrema pobreza. Ese bono de desarrollo humano, que es un ingreso de 30 dólares, que recibe una familia, implicaría 15 años de bonos de desarrollo humano para las familias más pobres.
El problema de la condena de los 2,300 millones de dólares no termina ahí. Oxy tiene demandas hasta por 13,000 millones de dólares (en contra de Ecuador). Si la defensa ecuatoriana continua llenándose de discursos para afuera y actuando sin coherencia y soberanía hacia el interior de su estrategia legal, nuestro país se va a ver irremediablemente afectado. Podemos vernos afectados en miles de millones de dólares, adquiriendo una deuda que sería histórica para nuestro país.
El fallo del CIADI deja un precedente importante que deja abierta la posibilidad de que en otros casos se atenten nuevamente contra la soberanía de la legislación nacional y de la soberanía del estado.
(RJSIG): ¿Cómo se encuentra actualmente la política de inversiones del Gobierno Ecuatoriano frente a los nuevos Acuerdos Comerciales y de Inversión en los que está involucrado? ¿Se escucha a la las organizaciones y a la sociedad civil?
(ED): Creo que el juicio de Occidental debemos ponerla en el marco de las negociaciones internacionales comerciales que el gobierno está llevando a cabo. La más importante vendría a ser el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que es un Tratado de Libre Comercio con otro nombre. El discurso del gobierno en este sentido ha sido algunas veces en contra de un Tratado de Libre Comercio, y en otras por el contrario, representado por su canciller o por su ministro, ha sido a favor de las negociaciones con la Unión Europea. Estas negociaciones llevan ya alrededor de cuatro años y todavía los ecuatorianos no sabemos cuál es la posición oficial del estado frente a este tema. Por ese lado existe incertidumbre de las organizaciones y existe expectativa para ver qué es lo que pasa. La última señal fuerte para el tema del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, fue la renuncia de su Vicecanciller Kintto Lucas, quien sin hacer declaraciones públicas, renunció por la falta de consistencia del gobierno del Ecuador frente a las negociaciones.
Frente a todo esto, pues no hay mayor consulta con la sociedad civil ni relación en este momento del estado principalmente con las organizaciones de los movimientos sociales. El estado tiene interlocución con ONG´s o Fundaciones, que agrupan opiniones de la sociedad civil, pero más bien desde el punto de vista de los técnicos, de la esfera empresarial, de la esfera de las cámaras de comercio y de producción, etc., pero realmente no existen ni los medios oficiales para consultar a la sociedad civil, ni tampoco existe una predisposición en otros temas importantes que se están discutiendo en el país para escuchar a las organizaciones sociales.
