Caballo de Troya: Las transnacionales en la gobernanza internacional

La reunión anual de ‘peces gordos en la nieve’, como una vez llamó al Foro Económico Mundial (WEF) precisamente uno de esos peces, Bono, el cantante de U2, sigue atrayendo la atención como una importante plataforma para los poderosos. Más de 20 años después de su primera edición, este festival del alterne volverá a congregar a unas 2.500 personas del mundo de los negocios y la política, y a algunos representantes escogidos de los sectores más amables de la sociedad civil. Hay pocos eventos comparables en los que puedas repartir tu tarjeta de visita entre tantas personas poderosas. Sin embargo, la fijación de los medios con las celebridades presentes eclipsa una realidad más aplastante: cómo los intereses privados reunidos en Davos, como un caballo de Troya, han empezado a ocupar el espacio público de la desvencijada estructura de la gobernanza internacional.

 

Y es que uno de los principales argumentos en torno a los que se articula Davos sostiene que, a la hora de abordar problemas globales, los Estados nación y sus políticas públicas no están a la altura. Por ese motivo, se deben sustituir por un nuevo y sofisticado sistema en que ‘los grupos de interés’ –es decir, las corporaciones transnacionales, algunos Gobiernos poderosos, un grupo de intelectuales escogidos y algunos miembros invitados de la ‘sociedad civil’ – gestionen de ahora en adelante los asuntos mundiales. Los Gobiernos se convertirían así en un actor más entre otros. Los prototipos de experimentación para ese plan de gobernanza son los propios encuentros de Davos, a los que solo se puede asistir previa invitación. El WEF afirma representar el tipo de gobernanza global que necesita el mundo en una era en que la globalización, en palabras del fundador del evento, Karl Schwab, tiene “lo bueno de su lado positivo y lo complejo y lo impredecible de su lado negativo”.

 

Los marcos internacionales y la legislación vinculante han quedado desfasados; lo que se lleva ahora son la voluntariedad y los códigos de conducta.

 

En 2009, en plena crisis financiera, el WEF aprovechó la oportunidad de impulsar esta visión de una gobernanza encabezada por las corporaciones transnacionales a través de su Iniciativa de Rediseño Global (GRI). El objetivo era “estimular un proceso de reflexión estratégica entre todos los grupos de interés sobre las formas en que las instituciones y los acuerdos internacionales se deberían adaptar a los desafíos actuales”. Financiado, entre otros países, por Qatar, el GRI organizó consultas temáticas en que participaron unos 1.200 expertos y expertas. Un año después, la Iniciativa publicó un extenso informe final, titulado Un asunto que nos concierne a todos: reforzar la cooperación internacional en un mundo más interdependiente (las más de 600 páginas del documento solo están publicadas en inglés, pero se puede leer el resumen ejecutivo en español).

 

El informe del GRI, que explora temas tan diversos como las enfermedades crónicas, la gobernanza de los océanos y el riesgo financiero sistémico, señala que la mejor vía para gestionar todos los campos normativos y acometer problemas complejos pasa por un enfoque basado en los grupos de interés y en “una mejor coordinación” entre un grupo autoelegido de líderes. Los acuerdos intergubernamentales, los marcos internacionales y la legislación vinculante han quedado desfasados; lo que se lleva ahora son la voluntariedad, los códigos de conducta y las leyes no vinculantes. Las transnacionales forman parte de la autoridad global, pero no se espera que asuman ninguna obligación. La democracia se obvia y, en su lugar, se da prioridad a reunir ‘a la gente adecuada’.

 

Mientras tanto, a los Gobiernos y a las democracias, que hasta ahora eran considerados como la máxima autoridad en materia de políticas, se los insta a “reinventarse” como “un instrumento para la creación conjunta de valor público”. El término “creación conjunta” se refiere a cosas como los partenariados público-privados (PPP). Esta idea, por supuesto, ignora la más que mediocre experiencia de este tipo de partenariados. Tal como confirmó hace unos meses una comisión del Parlamento británico, los partenariados público-privados suelen representar una importante carga para el bolsillo de los contribuyentes y sus costes solo enriquecen a accionistas privados.

 

No es difícil comprender el sinnúmero de riesgos que entraña esta visión del mundo. Mermar la autoridad de los Estados mientras que otros organismos privados no asumen ninguna responsabilidad real por los impactos que pueda causar su negligencia o mala gestión convertirá la brecha que ya afecta a la rendición de cuentas en un abismo insalvable. Sustituir sistemas democráticos por sistemas basados en grupos de interés plantea serias dudas sobre representación y sobre quienes son las personas ‘elegidas’ para representarnos. Reemplazar leyes vinculantes por códigos de conducta voluntarios da lugar a mecanismos caprichosos para formular y aplicar normas. Teniendo en cuenta que la opinión pública sufre una creciente pérdida de confianza en la gobernanza de nuestros días, que ya está totalmente rendida a intereses privados, la visión del WEF no es muy propicia al tipo de orden estable que todo el mundo, incluidas las compañías, necesita.

 

La propuesta del WEF ya ha pasado de los apuntes en una pizarra a las prácticas cotidianas en muchos ámbitos de nuestra vida.

 

Dicho esto, el verdadero peligro de la propuesta del WEF está en que su diseño ya ha pasado de los apuntes en una pizarra a las prácticas cotidianas en muchos ámbitos de nuestra vida, como la salud, la protección de la naturaleza, el comercio, la seguridad y los derechos digitales. Las agencias de la ONU se han asociado con grandes corporaciones, especialmente en el marco de su iniciativa del Pacto Mundial. Todo esto se pone de manifiesto en el funcionamiento del Consejo Mundial del Agua o en las cumbres que tratan sobre temas como alimentos, agua y energía, donde las transnacionales actúan como anfitriones y participantes muy activos, mientras que los Gobiernos y la sociedad civil se mantienen en segundo plano. También es evidente en muchas juntas internacionales y organismos de reglamentación que fijan normas y reglas para determinadas industrias, y que se ven amordazados o se encuentran en manos de las mismas corporaciones a la que se supone que deben controlar.

 

Puede que el auge de este ‘sucedáneo de gobernanza’ haya sido de gran ayuda para las corporaciones transnacionales, pero no lo ha sido para las personas cuyos empleos, medios de vida y derechos a servicios públicos se han visto azotados por la volatilidad, las estafas y las demandas de fondos públicos procedentes del sector financiero. A las personas que sienten un obvio interés por los mecanismos y los impactos de este tipo de gobernanza, se les deniega sistemáticamente el acceso a la información y los medios para exigir a los poderosos que rindan cuentas.

 

Hace más de 60 años, la ONU proclamó que las naciones soberanas y sus pueblos eran la máxima autoridad en el ámbito de los asuntos internacionales. Al fin y al cabo, la Carta de la ONU comienza con un “nosotros los pueblos” y reafirma “la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. Y aunque la práctica de la gestión global no haya respondido a estos ideales, no existen otros principios de gobernanza que gocen de mayor respaldo en todo el mundo. Sin duda, necesitamos un ‘rediseño global’, pero este debería reflejar de forma genuina que este es ‘un asunto que nos concierne a todos’, evitando que los intereses de las transnacionales acaben con los de las personas.

 

(Translator: Beatriz Martínez)

 

 

– David Sogge trabaja como investigador y escritor independiente desde Amsterdam. Como asociado del centro noruego NOREF, su trabajo se centra actualmente en el control público de los flujos transnacionales que afectan a las sociedades en la periferia global. Su labor de investigación y otras actividades profesionales en África le sirvieron de base para varios libros y artículos sobre la política de la ayuda exterior en África, especialmente en Angola y Sudáfrica. Su trabajo como evaluador le ha llevado a Vietnam, Europa oriental y a otros países de la antigua Unión Soviética. Formado en Harvard, David realizó estudios de posgrado en Princeton y en el Institute of Social Studies de La Haya.