La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, integrada por más de 250 organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, se solidariza con las comunidades y movimientos sociales afectados por las empresas petroleras en la Amazonía Norte ecuatoriana contra la campaña de difamación del ministro de Energía y Minas de Ecuador, Fernando Santos Alvite.
El 26 de abril, el ministro fue invitado a intervenir en la 184ª Sesión de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad de la Asamblea Nacional de Ecuador. Su intervención fue para aclarar las razones del incumplimiento por parte del gobierno de una sentencia judicial ecuatoriana de septiembre de 2021, que ordenaba la eliminación de la quema de gas en los campos petrolíferos de la Amazonia, en particular en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en un plazo de 18 meses. La demanda fue presentada por nueve jóvenes preocupadas por el futuro de la salud de sus comunidades debido al papel que desempeña la quema de gas en el aumento de las tasas de cáncer, como les ocurrió a sus padres. Contrariamente a las alegaciones del Gobierno, el gas se quema donde vive la gente, no en espacios vacíos.
En lugar de asumir su responsabilidad, el ministro Santos Alvite optó por atacar a las comunidades afectadas calumniando a su abogado, Pablo Fajardo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), organización miembro de la Campaña Global. Las acusaciones del ministro no sólo son rotundamente falsas, sino que corroboran la criminalización de las comunidades y movimientos de la región. Apenas un par de meses después del asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa, las calumnias del ministro agitan una olla violenta, apuntando a Pablo Fajardo y poniendo en peligro su vida. Este comportamiento atroz demuestra que el ministro sigue actuando como abogado de la industria petrolera a la que ha servido durante más de 40 años. Este episodio expone la fea realidad de las “puertas giratorias”, una forma de captura corporativa en la que alguien que trabajó para los intereses de Chevron se convierte luego en la persona responsable de su regulación y supervisión en nombre del Estado, que se supone que debe servir al interés público y no a la codicia corporativa.
Esta situación también subraya el hecho de que el gobierno de Ecuador sigue sin estar dispuesto a actuar conforme a las resoluciones de sus propios tribunales. Como ha defendido la Campaña Mundial durante más de una década, a nivel nacional necesitamos una legislación fuerte que regule las actividades de las empresas transnacionales, proporcionando a los Estados los medios y mecanismos para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar la reparación y la justicia a las comunidades afectadas. A nivel internacional, sólo un Tratado Jurídicamente Vinculante con un mecanismo de aplicación efectivo puede garantizar la primacía de los derechos humanos sobre los intereses corporativos y la regulación adecuada y efectiva de las actividades de las empresas transnacionales; sólo un Tratado Vinculante puede asegurar que los intereses creados de los funcionarios gubernamentales no interferirán con la justicia y con el derecho humano de los pueblos a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, tal y como estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/76/L.75).
Las luchas que enfrentan estas comunidades ecuatorianas están particularmente relacionadas con el proceso de negociación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aborda la agenda de la responsabilidad del Estado y la regulación de las actividades de las ETN. La Resolución 26/9, que ordena este proceso, fue adoptada en 2014 con la presencia activa de UDAPT y del propio Pablo Fajardo. Como Campaña Global nos unimos así a las numerosas voces que se alzan para exigir que el ministro se disculpe públicamente por sus comentarios difamatorios. Además, exigimos que Ecuador se adhiera a sus propias decisiones judiciales, tomadas de conformidad con el artículo 86 de la Constitución de Ecuador, que defiende el “derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Prometemos nuestro apoyo inquebrantable a las nueve valientes niñas, a las comunidades campesinas e indígenas de la UDAPT y a Pablo Fajardo en su lucha por la justicia y los derechos humanos y medioambientales.
En solidaridad,
Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad
