Infinito Gold: el poder de las mineras en un país pobre como Costa Rica

(Foto tomada de: Elpais.cr)

Elaborado por Jorge Coronado Marroquín[1]

A partir de ese año Infinito Gold inicia los trámites para obtener el permiso de explotación con base en los estudios realizados, el cuál le fue aprobado a finales del año 2001. A partir de ese momento la minera presenta los “supuestos” estudios de viabilidad ambiental del proyecto, la cual se le brinda por parte del Ministerio de Ambiente en el año 2005. En el año 2008 el Presidente Oscar Arias emite un decreto presidencial declarando el proyecto minero Crucitas de interés nacional, lo que acelera el proceso de explotación por parte de la minera, hay que señalar que este decreto lo realiza casi al término de su administración.

En el año 2010, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla emite el decreto de moratoria indefinida de la explotación minera a cielo abierto, que no afecta directamente a la minera Infinito Gold, por cuanto la moratoria aplica para permisos en trámite y nuevos, en el caso de la minera Crucitas ya tenía aprobado, no sólo la exploración, sino también ya contaba con el permiso de viabilidad ambiental para iniciar explotación.

En diciembre del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo da la sentencia en la que anula y declara ilegales todas las decisiones administrativas que le brindaron los permisos a la minera, incluído el decreto presidencial de Oscar Arias. Dicha sentencia además define que el Ministerio Público inicie investigaciones a distintos funcionarios públicos, al exministro de ambiente y al mismo expresidente Arias a fin de determinar si caben acusaciones penales por el manejo que hicieron del tema.

A partir de ese momento la minera presenta un conjunto de apelaciones judiciales a dicha sentencia, hasta que el pasado 13 de junio 2013 la Sala Constitucional dictó sentencia sobre la última apelación pendiente por parte de la minera canadiense, con esta resolución judicial se ratifican todas las sentencias anteriores, que señalaban la validez judicial del cierre del proyecto minero Crucitas por irregularidades en los permisos otorgados.

Los vínculos entre el poder económico transnacional y el poder político

Si algo ha quedado demostrado con el tema de la minera canadiense es el fuerte vínculo económico/político que ejercen estas transnacionales mineras en los países pobres. Por más de dos décadas, en forma lenta pero constante, la minera canadiense fue comprando voluntades de funcionarios costarricenses en distintos niveles a fin de lograr conseguir los permisos respectivos.

Las sentencias judiciales han demostrado que estos permisos fueron dados no sólo en forma irregular, sino ilegal, violentando procedimientos, incumpliendo requisitos, todo logrado por medio del apoyo de funcionarios que facilitaron y crearon las condiciones para que se cometieran esas ilegalidades, la que pregunta obligada es ¿cómo se creó ese entramado de apoyo a la minera? Tocará a los juzgados judiciales establecer los mecanismos utilizados para obtener los favores institucionales que logró la minera.

Donde ha quedado más evidente el entramado del tráfico de influencias políticas/económicas entre la minera y el gobierno de Costa Rica, ha sido con el decreto presidencial de declaración de “utilidad pública” del proyecto minero por parte de la Administración Arias Sánchez. ¿Por qué un decreto presidencial para estimular la minería a cielo abierto? ¿Dónde quedo la política estatal de Paz con la Naturaleza, frente a la actividad minera? Incluso uno de los temas a investigación por parte del Ministerio Público, son las contribuciones hasta por un monto de $250.000 mil dólares de la minera a la Fundación Arias para el Desarrollo. Tendrá también que dar cuentas, el Ministro de Ambiente de dicha administración de las razones por las cuáles se convirtió en el principal aliado de la minera.

Quedó en evidencia el doble discurso de los sectores políticos dominantes, que lanzan nacional e internacionalmente un discurso de defensa de los recursos naturales, de sensibilidad ambiental y de compromiso con el futuro ambiental del país. Pero en la práctica cuando de los negocios se trata se privilegia el mercado, y más cuando hay regalías, tráfico de influencias y obviamente compra de voluntades por parte del poder corporativo transnacional.

La movilización social como factor fundamental para la derrota del proyecto minero

En forma conjunta a todo el proceso legal que promovió el movimiento social contra la minería y que finalmente resultó exitoso, fue el de la organización social, la lucha contra la minera Infinito Gold, se convirtió en un frente de lucha plurisocial y multisectorial. No fue una lucha estrictamente ambiental, que involucrara exclusivamente a las organizaciones ambientalistas, se organizaron y movilizaron además comunidades campesinas afectadas por el proyecto, organizaciones sindicales, estudiantiles, magisteriales, e incluso esta lucha movilizó a sectores académicos.

Tal fue la fuerza del movimiento antiminero, que incluso encuestadoras nacionales determinaron que un 60% de la opinión pública nacional estaba en contra de la minera canadiense. Hubo diversas movilizaciones locales y nacionales, que fueron potenciando el nivel de conciencia y de sensibilización de la gente.

La principal enseñanza de esta lucha, es que aunque el escenario en el que principalmente se desarrolló la lucha fue el legal/jurídico, el movimiento social no se quedó encerrado en los estrados judiciales, logró mover el debate jurídico a la calle y desarrollar un fuerte nivel de acompañamiento social, que aunque no se reconozca públicamente jugó un papel de presión fuertísimo hacia los jueces, que no pudieron dejar de escuchar la masiva oposición y cuestionamiento a la actividad minera en el país.

Los riesgos del futuro inmediato fruto de la amenaza minera

Aunque se cumplió con todo el debido proceso que el marco jurídico nacional establece, la empresa transnacional tuvo todas las oportunidades no sólo de defenderse, sino de contraatacar legalmente, hoy día el país está amenazado de ser llevado a una demanda internacional.

La minera Infinito Gold, el pasado 4 de abril exigió formalmente que el Estado de Costa Rica le indemnizara por el cierre de la concesión la cantidad de $1.092 millones de dólares, dándole al país seis meses para pagar o sea al 4 de octubre 2013, si a esa fecha no se le ha pagado, aprovechando el Tratado de Libre Comercio vigente entre Canadá y Costa Rica desde el año 2001, por medio de su Capítulo de Protección de Inversiones y además utilizando el Tratado Recíproco de Protección de Inversiones vigente entre ambos países desde el año 1999, se acusará formalmente a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas de Inversiones (CIADI).

Una vez más queda en evidencia que el actual sistema internacional de protección de inversiones, debe de ser transformado por cuanto simplemente protege los intereses de las corporaciones transnacionales. No es posible que un país por cumplir con toda su institucionalidad jurídica nacional, se vea amenazado por demandas internacionales, simplemente porque el fallo judicial nacional no es del agrado de la empresa transnacional.

El nivel de indefensión es altísimo para los países del tercer mundo, que no sólo no pueden ejercer plenamente su soberanía, sino que deben hacer erogaciones financieras altísimas para defenderse y luego para pagar las resoluciones que establece un órgano como el CIADI que generalmente le da la razón a las corporaciones.

Es necesario movilizar a la opinión pública nacional e internacional contra estos intentos ilegales de la empresa canadiense, la concesión minera es un caso cerrado por el marco judicial costarricense y es por tanto, inaceptable los intentos de aprovechar los portillos que establece el marco internacional de protección de inversiones para doblegar a un país que soberanamente ha establecido que no quiere en su territorio nacional la minería a cielo abierto.