De acuerdo a un informe elaborado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), el asesinato de la dirigente social, ambientalista y campesina hondureña Berta Cáceres el año pasado fue ordenado por una compañía hidroeléctrica gestionada por Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
El documento titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” indica que el crimen “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia”. Además, la empresa pudo realizar el asesinato gracias a una “alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad”.
El documento evidencia las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de DESA, empresas de seguridad privada a su servicio, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para “violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca”.
La estrategia general de la hidroeléctrica tenía por objeto “controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición”. Estas acciones incluyeron: “la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”, sostiene el mencionado informe.
En marzo de este año, una investigación del diario británico The Guardian había revelado que los ejecutores de Cáceres habían sido entrenados en Estados Unidos. Basada en registros de las fuerzas armadas hondureñas y documentos judiciales, la periodista Nina Lakhani reveló que el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas, renombrada en 1984 como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Díaz, además, recibió entrenamiento en “contraterrorismo” en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea (IAAFA, por sus siglas en inglés) en 2005.
Ambos militares fueron detenidos en mayo de 2016, junto a Sergio Ramón Rodríguez y Edilson Antonio Duarte. Este último fue identificado como el autor de los disparos contra Berta Cáceres, en el atentado que le costó la vida el 2 de marzo de ese año.
Desde que Berta fue asesinada sus familiares, compañeros y compañeras de militancia en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) apuntaron contra las hidroeléctricas y el gobierno de su país, por proteger a los sicarios que terminaron con su vida. Varios de ellos sufrieron también atentados letales.
Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, afirmó al conocer el informe de GAIPE que para su familia “no es una sorpresa” la conclusión sobre la responsabilidad de la empresa.
La dirigente social -galardonada en 2015 Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica- era una de las máximas referentes en la lucha por la defensa de los territorios, en un país donde el autoritarismo y la violencia han ido de la mano con el otorgamiento de las concesiones mineras y la instalación de represas.
En el año 2013, Cáceres había sido encarcelada por enfrentarse al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca (DESA), que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque. En su prisión, Cáceres se declaró “perseguida política” y “prisionera de conciencia”, logrando su libertad gracias a la presión social y a la movilización masiva que se expresó a pesar de la represión policial.
