- En la reunión previa a la de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), los Cancilleres se solidarizaron con Ecuador y expresaron su rechazo a la campaña de desprestigio fomentada por la compañía transnacional Chevron-Texaco. La empresa interpuso una demanda ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Haya y ha invertido en una multimillonaria campaña internacional para desprestigiar al Ecuador y a sus instituciones democráticas. Asimismo, avanzaron en torno al fortalecimiento institucional del organismo y la creación de un Centro de Facilitación, Mediación y Arbitraje Sudamericano.
Los Cancilleres se reunieron la tarde de este jueves 29 de agosto para consensuar la “Declaración de Paramaribo”, documento que suscribirán este viernes las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Durante la reunión, los Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR se solidarizaron y rechazaron la campaña de desprestigio contra Ecuador, emprendida por una empresa transnacional, que ha invertido en una multimillonaria campaña mundial para desprestigiar al Ecuador y a sus instituciones democráticas.
Ecuador enfrenta una demanda interpuesta por la compañía Chevron-Texaco ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Haya, que se basa en un supuesto incumplimiento de las disposiciones del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos, el cual entró en vigor en 1997, es decir, cinco años después de que Texaco abandonara el Ecuador. En este sentido, el Canciller Patiño insistió en que la aplicación retroactiva del TBI por parte del Tribunal, al declararse éste competente para tratar el caso, es una “auténtica aberración jurídica”.
Por otra parte, en la cita regional se avanzó en el fortalecimiento institucional de UNASUR. En ese sentido, Ecuador y Venezuela propusieron conceder más poderes al Secretario General y elevar el perfil político de los delegados.
En otro tema, los cancilleres trabajaron en una Declaración que propondrán el viernes a los jefes de Estado en la que se condena la probable intervención militar contra Siria, la cual se produciría al margen del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente presidido por Argentina.
El conflicto en Siria entró en una nueva fase la semana pasada tras las denuncias de la oposición de que el régimen de Bachar al Asad habría utilizado armas químicas en un ataque cometido el pasado día 21 en un suburbio de la capital, Damasco.
En el marco de la reunión, el actual Secretario General del organismo, Alí Rodríguez Araque, presentó un balance de su gestión y se despidió del cargo que ocupa desde junio de 2012. En su discurso, el funcionario enfatizó la importancia del establecimiento de una estrategia común para el aprovechamiento sustentable y en favor de los pueblos suramericanos, de los vastos recursos naturales con los que cuenta la región.
