Manifiesto
Por el archivo de la causa contra 8 activistas de Ecologistas en Acción por denunciar las actividades de CaixaBank.
En diciembre de 2011, Ecologistas en Acción, como parte de su Congreso Confederal desplegó tres pancartas en la sede central de CaixaBank en Barcelona con los textos «La Caixa arrasa el planeta», «Justicia social i ambiental» y «Allibera’t de la banca». En la acción directa no violenta participaron unas 300 personas, de las cuales, 8 desplegaron dos de las tres las pancartas. Esas 8 personas se enfrentan a la petición de 8 meses de prisión en la actualidad.
La acción denunció varios hechos sobradamente contrastables. El primero tenía que ver con la denuncia de la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario, afirmando que son los bancos, parte fundamental de «los mercados», quienes están dictando hoy el grueso de las políticas públicas que ejecutan los Gobiernos. Para ello están usando las cadenas de la deuda pública, contraída en gran parte para rescatar a los bancos y antiguas cajas en su naufragio inmobiliario.
El segundo eje de crítica partió de la evidencia de que CaixaBank controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua y de las infraestructuras. Hablamos de empresas con políticas ambientales y sociales muy agresivas, tanto en nuestro país como en otros países del Sur: Agbar, Repsol, Gas Natural – Fenosa o Abertis. Solo por poner algunos ejemplos: Agbar está restringiendo el acceso al agua potable a importantes sectores sociales en varios lugares de América Latina; Repsol tiene campos petroleros en lugares de altísima biodiversidad; Gas Natural – Fenosa basa su negocio en los combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global; o Abertis está construyendo autopistas en todo el mundo que están sirviendo para expandir un modelo urbanístico fuertemente depredador del territorio.
La tercera línea de denuncia tuvo que ver con la apuesta de CaixaBank, antes La Caixa, por la especulación urbanística. Son cientos las urbanizaciones en todo el Estado financiadas por La Caixa, muchas de ellas convertidas hoy en activos tóxicos, lo que ha llevado a CaixaBank a tener que aprovisionar más de 2.500 millones de euros para su cartera de crédito inmobiliario. Otro ejemplo claro es su apuesta por la polémica Torre de Cajasol en Sevilla.
Por último, la acción también denunció que, a pesar de todo esto, CaixaBank está recibiendo generosas ayudas públicas para su expansión, con las que se ha convertido en el primer banco del Estado español con 342.618 millones de euros en activos, por delante del BBVA y del Santander. Tal es el caso de su adquisición de Banca Cívica, que recibido 977 millones de euros de ayudas públicas; o la reciente del Banco de Valencia, con 5.500 millones de dinero que engrosa el déficit público. Además, la filial de CaixaBank, Criteria, evade impuestos mediante el uso de paraísos fiscales.
Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo. Mientras el sistema democrático actual siga discriminando en la posibilidad de comunicación social en función de la capacidad económica, acciones como la de diciembre de 2011 en la sede central de CaixaBank tendrán toda la legitimidad.
Con esta acción, Ecologistas en Acción simplemente sigue la senda de miles de personas que han realizado acciones de desobediencia civil y que hoy nuestras sociedades reconocen por su labor en el avance hacia la justicia social y ambiental. Personas que decidieron enfrentarse a sistemas injustos por conseguir y/o mantener derechos y libertades sociales. La discriminación en el uso del aparato judicial a favor del poder establecido no es nuevo: mientras que las personas y/o entidades vinculadas a las élites político-financieras disponen de medios posibles para evadir sanciones (penales o económicas) -cuando no se les indulta-, a las personas que protestan para denunciar un orden injusto se les aplica con toda la dureza.
Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes consideramos que la acción por la que se pide 8 meses de prisión a cada uno de los 8 activistas fue una acción legítima que merece el archivo de la causa.
FIRMA:
http://www.ecologistasenaccion.org/article24721.html
FIRMANTES:
http://www.ecologistasenaccion.org/article24721.html
