El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue impulsado en 2010 en Tiquipaya (Cochabamba) por el presidente Evo Morales.
Alberto Acosta, uno de los representantes de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, objetó la declaración del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que vincula a esta entidad con las ONG y, más al contrario, recordó que este tribunal fue impulsado en 2010 en Tiquipaya (Cochabamba) por el propio presidente Evo Morales.
“Surgimos desde la sociedad civil. Hemos retomado la posta de Tiquipaya y queremos hacer realidad el espíritu de Tiquipaya, ese es para nosotros el punto medular, nosotros no representamos a ninguna ONG”, recalcó Acosta.
Esta mañana el ministro de Gobierno afirmó que el Tribunal era una plataforma de instituciones privadas que formaban parte de una ONG y que carecía de un estatus oficial.
Acosta recordó que precisamente la necesidad de este tribunal surgió en abril del 2010 en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra” convocada por el presidente Evo Morales en Tiquipaya.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que es de carácter ético, es una asociación de personajes y organizaciones interesadas en proteger los derechos de la Madre Tierra. Se encuentra en Bolivia para verificar si hay o no violaciones a la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“No es la primera vez que se constituye desde la sociedad civil un tribunal como este, en otras ocasiones por ejemplo para sancionar los crímenes de guerra del imperialismo norteamericano en Vietnam se estableció el Tribunal Rusell y después se estableció el Tribunal Permanente de los Pueblos. Éste es un tribunal que viene asumir la tarea de defender los derechos de la Madre Tierra, los derechos de la naturaleza y a defender los derechos de quienes están luchando por garantizar la existencia de la Madre Tierra”, manifestó Acosta.
Los miembros de la comisión adelantaron que esperan entregar el informe final sobre el TIPNIS en septiembre, en el encuentro del Tribunal en Quito, Ecuador.
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