Un nuevo anuncio de parte de la empresa minera Infinito S.A., amenaza con que seremos demandados ante cortes que se ubican lejos de nuestro país. Esta empresa minera canadiense reclama al país por no permitirle hacer su negocio: hacer huecos enormes, aplicar cianuro al suelo, talar bosques y destrozar paisajes para sacar un poco de oro que de nada sirve.
Luego del enorme trabajo de resistencia del movimiento ecologista y social del país, las autoridades judiciales decidieron anular la viabilidad de Estudio de Impacto Ambiental y por tanto la concesión minera. Resultado de casi veinte años de organización y resistencia desde las comunidades rurales y urbanas de este país. Pero el Capitulo sobre protección de Inversiones del tratado de libre comercio firmado con Canadá no admite reclamos por derecho humanos, solamente comerciales. Este apartado legal le permite a la empresa minera, y a cualquier otra, demandar a nuestro país aún y cuando no tengan razón en sus pretensiones. Esto es consecuencia de el dogmático accionar de los últimos gobiernos neoliberales, los cuales le han apostado al libre comercio como la única forma para obtener un crecimiento económico y atraer mayor inversión extranjera (los cuales son repetidos como mantras del libre mercado). Pero lo que importa al final dentro de este paradigma, es el dinero, no la justicia, ni los derechos comunitarios.
Esta demanda funciona así: puesto que la empresa minera no puede hacer su negocio -ya sea porque no cumple con los requisitos necesarios o porque se le niegan los permisos o por cualquier cosa-. El dinero que la minera pretendía ganar lo pretende recuperar demandando al estado utilizando los argumentos que sean – en algunos casos inverosímiles-. Este juicio se desarrollará en Washington con jueces nombrados por ámbitos ajenos al país y sin conocer las pruebas y la demanda en sí desde el inicio, sino hasta el final. Las comunidades que serían afectadas así como los grupos sociales no pueden asistir a las audiencias y no pueden ejercer acción alguna dentro de la acción judicial. Una maquinaria aceitada para que al final la empresa no pierda.
¿Qué pasará con este caso? Todo debería indicar que lo que hace la empresa minera es montar un espectáculo del cual sacar alguna ganancia, ya sea del gobierno costarricense o al menos que sus inversionistas crean que su dinero intentó protegerse hasta el final.
Más allá del caso concreto, sabemos que esta situación puede presentarse nuevamente en cualquier momento. Ya sean empresas que nos quieran envenenar con transgénicos, las que quieran explotar nuestros ríos, las que vienen a destruir la biodiversidad pueden utilizar este tipo de instrumentos. Algunas como el caso de la petrolera Harken Energy, intentó también asustar con amenazas de demandada. Debido a esto en el futuro podrían obtener los recursos que quieren sin si quiera presentar la demanda verdaderamente.
Este tipo de ataques a la soberanía nacional es lo que nos trae el libre comercio continuamente. El poder comprar un quintal de frijoles traído desde China a casi la mitad de precio de uno producido en el país, empobreciendo al campesinado costarricense, es lo que nos trae el libre comercio. No importa si así se destruye la biodiversidad o el conocimiento tradicional o nos volvemos dependientes de los vaivenes de la economía mundial. Lo que importa finalmente es que las empresas vengan al país a hacer sus negocios, que alguna gente gane mucho dinero y las pérdidas, la contaminación y la destrucción era pagada por el resto de la población.
