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Una carta al Gobierno de Honduras sobre los cargos judiciales y la violencia contra líderes del movimiento indígena

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Presidente de la Republica de Honduras: Porfirio Lobo Sosa

Tel: 011 (504) 9990-0878;  011 (504) 9978-2138

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos: Abogada Ana Pineda

Tel móvil: 011 (504) 9982-6801 or Tel office: 011 (504) 2235-6119

Juzgados del Departamento de Intibucá: 011 (504) 2783-0358 or 011 (504) 2783-4171

Sr. Antonio Calix Hernandez, Magistrado Coordinador de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras: Oficina personal: 011 (504) 2202-5305

Ministerio Publico: 011 (504) 2221-5670 and 011 (504) 2221-5672

Ministro de las Etnias: Sr. Luis Green. Tel móvil: 011 (504) 3345 7446

 

El próximo jueves 12 de septiembre, se desarrollará en el juzgado primero de letras de Intibucá, un nuevo episodio de la persecución judicial contra Berta Cáceres, Coordinadora General del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Tomás Membreño y Aureliano Molina, comunicadores indígenas, integrantes también de COPINH

 

El fiscal Henry Alexander Pineda, en nombre del Ministerio Público, acusó a los líderes indígenas de usurpación, coacción y daños continuados en contra de la propiedad privada, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), siendo imputados por daños que ascienden a más de tres millones de dólares según los empresarios. Llama la atención que el Ministerio Público, esté actuando de manera tan servil a los intereses de las corporaciones privadas DESA y SINOHYDRO, que pretenden avanzar con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que esta siendo construido en violación del Convenio 169 de OIT y fue rechazado de plano por las comunidades lencas de Río Blanco, organizadas en el COPINH.
 

Este caso sumamente politizado tiene como meta la criminalización  de COPINH y quebrantar la fuerte resistencia Lenca contra las represas, la tala de arboles y mineria ilegales

 

Mas allá del saqueo de sus tierras, bosques y aguas, los ataques físicos, judiciales y políticos a miembros de COPINH y otros grupos indígenas han aumentado con celeridad. Los asesinatos, secuestros, ataques con machete, detenciones y amenazas son acontecimientos semanales en las comunidades en resistencia.

 

Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, de Honduras y de diferentes países de América Latina, Europa, y Norteamérica, hemos estado en Río Blanco, y hemos visto con claridad la decisión con que las comunidades lencas de la región están rechazando este proyecto que ha destruido parte de sus cultivos, amenaza su modo de vivir, y significaría la muerte de un río sagrado para su cultura

 

Exigimos al gobierno de Porfirio Lobo, sus jueces, fiscales y legisladores:

 

 abiertos Retirar todos los cargos judiciales contra Berta Cáceres, Tomás Gómez, Aureliano Molina y otros quienes defienden pacíficamente a sus tierras,

 

abiertos Cancelar la concesión de represa del Rio Gualcarque y para el proyecto Agua Zarca; 

 

abiertos Respetar al Convenio 169 de la Organización Internacional Laboral y la Constitución Hondureña, que requiere el libre, previo y informado consulta y consentimiento de los pueblos indígenas antes que se lleva a cabo proyectos de desarrollo en sus tierras.  Respetar a los territorios ancestrales;

 

abiertos Parar la violencia contra las comunidades indigenas