Sucumbìos, 26 de abril del 2017.- El Fiscal de Sucumbíos Dr. Carlos Jiménez, basado en un tecnicismo jurídico inapropiado, pretende dejar en la impunidad, delitos cometidos por el ex Juez Alberto Guerra Bastidas y Chevron Corporation.
Con ello pretende archivar el caso que la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco) planteó en contra del Ex juez Alberto Guerra Bastidas, quien ha recibido más de 2.000.000 de dólares como soborno por parte de Chevron, a cambio de brindar falso testimonio favorable a Chevron Corporation.
El Fiscal Carlos Ovidio Jiménez Tillaguango, emitió una resolución en la cual pide al Juez que se archive la causa, que los afectados por Chevron, siguen en contra del ex – juez Alberto Guerra, por Incitación o fomento del separatismo tipificado en el art. 128 del antiguo Código Penal, vigente a la fecha de la denuncia. Este hecho evidenciaría, una vez más, que miembros de la justicia ecuatoriana favorecen a quienes violentan los derechos humanos, benefician a quienes han cometidos graves delitos en contra del Amazonía y del país.
Como hecho comprobado y de conocimiento público, el ex – Juez Alberto Guerra Bastidas fue pagado por Chevron para testificar ante las cortes norteamericanas en contra de los afectados ecuatorianos, lo que sirvió a la petrolera para obtener una resolución por parte del juez de Nueva York, Lewis Kaplan, quién sentenció favoreciendo a Chevron; y, acusó a abogados y colaboradores de los afectados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a la corporación.
Sin embargo, en otro litigio, llevado entre Chevron y el Estado ecuatoriano, en una audiencia realizada entre el mes de abril y mayo del 2015, el mismo Alberto Guerra, reconoció bajo juramento que mintió por dinero, textualmente dijo: “Yo pretendía mejorar mi (su) posición ante una posible negociación a futuro, (…). Exageré en algunos casos, posiblemente mentí en otros casos, así se dieron los hechos”. Al preguntarle si mintió al decir que los demandantes de Lago Agrio le ofrecieron dinero a cambio de la sentencia, su respuesta fue: “Mentí. Reconozco. Falté a la verdad No hubo en ningún (momento) tal pronunciamiento por parte de los representantes de los demandantes”. Estas declaraciones juramentadas son parte del arbitraje en que el Estado se defiende de la demanda de Chevron en el Tribunal Arbitraje Internacional bajo las normas UNCITRAL.
William Lucitante, coordinador ejecutivo de la UDPT; organización conformada por más de 30 mil habitantes, indígenas y colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos, dijo que “no es la primera vez que un miembro de la función judicial pretende favorecer los intereses de Chevron y afectar el acceso a la justicia de los afectados por uno de los peores desastres ambientales causados de forma intencional por la petrolera Chevron”, finalizó.
Según el abogado de los afectados, Pablo Fajardo, la decisión tomada por el fiscal, de archivar la causa bajo el argumento de que los hechos delictivos fueron cometidos fuera del territorio ecuatoriano y por tanto no son judicializables en Ecuador, es carente de fundamentación jurídico a puesto que está en proceso de investigación previa, que es una etapa pre-procesal y hasta ahora existe abundante prueba que demuestra que el delito principal de soborno fue cometido por Chevron y el Ex juez Guerra en Quito Ecuador. Fue en la casa de Alberto Guerra Bastidas ubicada en el norte de la ciudad de Quito, donde se reunieron funcionarios de Chevron y Guerra Bastidas para tramar que hacer, fue donde negociaron el monto del soborno. Las acciones cometidas por Guerra Bastidas causan un efecto negativo dentro del Ecuador.
Adicionalmente indica la abogada Ginna Pasquel, del colectivo INREDH, que el Fiscal Jiménez no está aplicando el Código Orgánico Integral Penal que claramente establece la obligatoriedad de cumplir esta etapa de indagación previa, pero además determina que, según el Art. 14, numeral 2, “son procesables por la justicia ecuatoriana las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, a) Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción; b) Cuando la infracción penal es cometida en el extranjero, contra una o varias personas ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la cometió”.
Claramente, afirma el representante jurídico de los afectados ecuatorianos, que la infracción cometida por el ex Juez Alberto Guerra “provocó efectos en el Ecuador, y el primero de ellos es un claro daño al Sistema de Justicia ecuatoriano y además a la honra del denunciante” y no ha sido juzgado en el país en el que ocurrieron los hechos.
Insiste el abogado Fajardo, al decir, que hay diligencias en el proceso que se han ordenado y no se han evacuado o cumpliendo hasta éste momento, por lo que el Fiscal debe garantizar el debido proceso, evacuar todas las pruebas para que luego resuelva. Enfatizó que durante la investigación han surgido elementos que sugieren el cometimiento de delito de soborno recibido por Alberto Guerra Bastidas, de parte de los funcionarios de Chevron.
Por lo expuesto, Humberto Piaguaje, ex Coodinador de la UDAPT y denunciante, exhorta al Juez de Sucumbíos, no aceptar el pedido de archivo, y a su vez se exige que se continúe la investigación hasta que se sancione de acuerdo con le ley a quienes hayan cometido este grave delito en contra de la Amazonía Ecuatoriana.
Ratificó que luego de 23 años, los afectados ecuatorianos que pugnan por el acceso a la justicia llegarán hasta las últimas consecuencias y esto incluye sanciones para los operadores de justicia, que no cumplen con su deber.
Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT)
Quito-Ecuador
Teléfonos: (593) 2 273533
Correo electrónico: casotexaco@gmail.com
