Febrero de 2017 [Lea la posición completa de S2B en el documento adjunto]
La Comisión Euro
pea está preparando actualmente una nueva propuesta para un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Esto sucede en un momento en el que la globalización se encuentra en una encrucijada peligrosa. Uno de los caminos conduce a una mayor protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y a la recuperación del espacio normativo para que los Gobiernos aborden el cambio climático, las desigualdades y otros problemas acuciantes de nuestros días. El otro lleva a que las grandes empresas tengan más derechos para intimidar a las autoridades competentes y hacerlas pagar cuando legislan en el interés de la mayoría.Lo que la Comisión Europea propone no es un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’ justo o equilibrado, sino un mecanismo multilateral de solución de controversias entre inversores y Estados, es decir, una multilateralización del ya conocido ISDS.
Los graves peligros del proyecto de la Comisión Europea:
- La propuesta crearía una especie de tribunal especial para las grandes empresas y ataría a los Gobiernos aún más a un régimen jurídico que prima las ganancias privadas por encima del interés general y la democracia. Una vez establecido, se necesitarían décadas para desarmar ese régimen.
- Como en el sistema de ISDS vigente, este mecanismo permitiría eludir los tribunales nacionales y europeos, a pesar de que estos ofrezcan justicia y un acceso razonable. Los inversores extranjeros seguirían exentos de la obligación de agotar los recursos internos, un principio clave del derecho internacional.
- Los pasos más significativos que han tomado los Gobiernos para minimizar las posibles riesgos de ataques por parte de los inversores queden relegados a un segundo plano y se vean deslegitimados.
- El mecanismo de ISDS multilateral propuesto podría volver a legitimar un régimen peligroso y viciado con unas meras soluciones procesales. Esta propuesta ya está siendo utilizando para legitimar una ampliación de los privilegios de los inversores extranjeros.
- Al igual que otros tribunales, es probable que un tribunal institucionalizado para inversores extranjeros tienda a incrementar el poder de estos, al fallar ampliamente sobre su jurisdicción y a favor de los demandantes. Hay quien ha advertido de que el sesgo a favor de los inversores inherente en el actual sistema de arbitraje privado podría incluso llegar a ser más marcado en un tribunal de inversiones.
En un momento en que toda la atención debería centrarse en evitar una catástrofe climática mundial, abordar las desigualdades sociales y económicas, y empoderar a la mayoría de la población, no hay lugar para acuerdos que otorguen a las grandes empresas el poder de demandar a los Gobiernos que buscan soluciones a estos problemas.
LA RED SEATTLE TO BRUSSELS LLAMA:
- a los grupos de la sociedad civil a que se impliquen en el debate sobre el proyecto de mecanismo multilateral de ISDS y se unan en la lucha contra este nuevo intento de blindar aún más y ampliar el régimen de protección de inversiones, así como a participar en el proceso que aboga por un tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos;
- a los ciudadanos y las ciudadanas a expresar su opinión sobre el mecanismo multilateral de ISDS propuesto participando en la consulta pública que ha convocado la Comisión Europea;
- a los legisladores de la UE a no ratificar el CETA ni más tratados comerciales que prevean privilegios sustantivos y de gran alcance para los inversores extranjeros bajo el falso pretexto de que, con ellos, se solucionarán los fallos del régimen global de inversiones; quien desee reformar en serio el régimen de inversiones debería empezar rescindiendo los tratados vigentes o volviéndolos a negociar de una forma que deje de favorecer a los inversores extranjeros;
- a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE a no otorgar a la Comisión Europea el mandato necesario para negociar una convención por la que se establecería un mecanismo multilateral de ISDS para las transnacionales, y a la Comisión que no persevere en esta iniciativa;
- a los Gobiernos de la UE a que sigan el ejemplo de países como Sudáfrica, rescindiendo los tratados existentes en materia de inversión y mejorando, cuando sea necesario, las leyes y los sistemas jurídicos internos sobre inversiones;
- a los Gobiernos de la UE y a la Comisión Europea a que fomenten un derecho internacional público vinculante y de obligado cumplimiento con el fin de reforzar los derechos humanos, la protección del medioambiente y el clima, y la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Esto entrañaría, entre otras cosas, la elaboración de un tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, como primer paso para abordar el grave desequilibrio entre los derechos de las grandes empresas, con una gran fuerza ejecutoria, y la débil protección internacional de los derechos humanos y el ambiente.
